
En enero de 2018 había 549 personas descontando penas con ese tipo de dispositivos, en agosto del presente año la cifra era de 1.545
05/10/19 | 09:59am
En 20 meses, el número de privados de libertad incluidos en el sistema de monitoreo electrónico creció un 181%.
Según el Ministerio de Justicia y Paz, en enero de 2018 eran 549 las personas que portaban tobilleras electrónicas. Mientras que para agosto de 2019 la cifra llegó a 1.545.
La cantidad de reos con ese tipo de aparatos equivale al 4% del total de la población penitenciaria (37.942) del país.
Mientras aumenta el número de reclusos bajo monitoreo electrónico, crecen las criticas a ese sistema.
Durante las últimas semanas, el proveedor de las tobilleras, diputados y jueces de ejecución de la pena cuestionaron los mecanismos de control, los protocolos de comunicación, la eficiencia en la vigilancia y la capacidad del personal del Ministerio de Justicia y Paz para administrar la Unidad de Monitoreo Electrónico.
Entre esas críticas, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (suministradora de las tobilleras) denunció que 596 reos permanecen sin monitoreo y se desconoce su paradero, lo cual fue rechazado por las autoridades de Justicia.
No obstante, Marcia González, ministra de Justicia y Paz, hasta el momento no ha presentado pruebas que demuestren que el 100% de los privados de libertad monitoreados permanecen vigilados y ubicados.
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Por otro lado, un informe contratado a un consultor internacional reveló un crecimiento “acelerado” e “inmanejable” en el número de privados de libertad incluidos en programa, falta de capacitación, diferencias internas en la administración del sistema, déficit de personal y debilidad en los registros estadísticos.
Este medio de comunicación solicitó, desde el miércoles, una entrevista con la jerarca de Justicia para conocer su criterio sobre el crecimiento en el programa de monitoreo electrónico. La jerarca respondió que agendará un espacio la próxima semana.
Los jueces de ejecución de la pena que expusieron este jueves en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico mostraron su preocupación por el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico y reprocharon diversas deficiencias.
“Hablar en este momento 1.500 privados de libertad y para tratar de ubicarlos en un centro penitenciario cerrado es prácticamente imposible, los niveles de hacinamiento en algunos centros superan del 20% y en otros llega hasta el 100%”, expresó Mario Rodríguez, juez de ejecución de la pena de Alajuela.
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“Si un programa como este se viene abajo, ni siquiera tenemos espacio físico para ubicarlos, tendríamos que poner una persona encima de la otra y esto es literal”, añadió el juez.
Precisamente, el sistema de monitoreo electrónico nació para aliviar la falta de espacios adaptados en las cárceles del sistema penitenciario.
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