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Manifestación de taxis contra Uber.

Uber deberá pagar ¢8.300 millones de inscripción, plantea proyecto del Gobierno

​Texto propone que plataformas deban pagar impuestos y que los taxistas puedan negociar una reducción de la tarifa con los pasajeros

El Gobierno de la República envió la tarde de este martes a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley con que plantea una regulación para que los taxistas y servicios como Uber coexistan de manera simultánea en "condiciones justas de competencia".

El texto, denominado "Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas de transporte", fue presentado por el viceministro de la Presidencia de Asuntos Legislativos, Agustín Castro Solano. La iniciativa ya puede iniciar su trámite legislativo.

El nuevo proyecto establece que Uber deberá pagar impuestos, además de casi ¢8.300 millones para inscribirse, ese dinero, junto al 3% del monto de cada viaje, se destinará a financiar la modernización de la flotilla de taxis por un periodo de ocho años. Además, la iniciativa faculta a los taxistas a cobrar menos (tras acuerdo con el pasajero), entre otro puntos.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, había solicitado al Congreso en setiembre del año pasado un tiempo para presentar dicho texto, el plazo vencía justo este martes.

El jerarca del MOPT explicó que este nuevo documento busca de la manera más "justa y equitativa" regular una realidad creada por las posibilidades de nuevas tecnologías.

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El presidente de la República, Carlos Alvarado, quien se encuentra en Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial, aseguró por medio de su Facebook que se dio un paso adelante en busca de asegurar el bienestar de todas las personas con este proyecto.

No obstante, el nuevo proyecto podría traer manifestaciones por parte de los taxistas que reclamaron desde este martes en la mañana que hace seis meses las autoridades del MOPT se comprometieron a presentarles la propuesta antes de enviarla al Congreso, sin embargo, la promesa -señalan- se incumplió.

El secretario general de la Fuerza Roja Sindical, Randall Jiménez, dijo a AmeliaRueda.com que este miércoles se reunirán los gremios de taxi para analizar el proyecto. No obstante, desde su punto de vista aunque tiene aspectos interesantes, existen otros en los que se debe trabajar con la Asamblea Legislativa.

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Mientras tanto, desde Uber dijeron que revisarán con atención la propuesta, esperando que contenga un marco de regulación moderno.

"En virtud de que no se nos ha permitido participar de manera activa en la construcción de esta iniciativa que se presenta hoy, nos ponemos a las órdenes de la Asamblea Legislativa para contribuir con la experiencia adquirida por la participación en más de 132 procesos de construcción de regulación alrededor del mundo, donde ha sido posible regular de forma diferenciada e innovadora estos nuevos modelos de negocio", manifestó el gerente general de Uber Centroamérica, Andrés Echandi.

Lo que propone

De acuerdo con el MOPT para realizar esta propuesta se estudió la experiencia de grandes ciudades como Nueva York, Madrid, Ciudad de México, entre otros.

Entre los principales puntos propone que todas las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), como Uber o similares, sean declaradas como un servicio público, pero no estarán sujetas a la regulación tarifaria Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

Además, para poder operar deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP).

El artículo 10 del proyecto indica que las nuevas plataformas que quieran ingresar al país deberán pagar un derecho de inscripción que será equivalente a 100 salarios base (¢44 millones), según el salario base establecido anualmente por el Consejo Superior del Poder Judicial y lo dispuesto por la Ley No. 7337. Para la renovación de la inscripción el pago correspondiente será el equivalente a 50 salarios base.

En el caso de las empresas que han operado previo a la vigencia de la ley, como el caso de Uber, el transitorio VIII del proyecto establece que el pago por su registro será de 18.700 salarios base, lo que equivale a ¢8.299 millones.

Los recursos obtenidos por ese pago, así como un 3% del monto de cada viaje, y lo recaudado por la sanciones administrativas, se invertirán en la modernización de la flotilla de taxis por un lapso de ocho años, la administración de esos recursos estará a cargo del Fondo de Movilidad Nacional (su creación es una propuesta del proyecto), el cual será administrado por el Consejo de Transporte Público.

Las plataformas también deberán emitir políticas y procedimientos estandarizados para fomentar la seguridad de las personas usuarias, evitar el acoso sexual y la discriminación, así como garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Ley N° 7600).

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Asimismo, la prestación de servicio de transporte mediante EPT, así como las rentas o beneficios provenientes de tal actividad, son sujetos al impuesto al valor agregado (13%) y al impuesto sobre remesas al exterior (8,5%).

En el caso de los taxis, la Aresep establecerá una tarifa máxima que contemple el primer kilómetro más el recorrido adicional, quedando autorizados los conductores a negociar un precio menor con el usuario. Éste deberá ser indicado si hay acuerdo entre el conductor y el usuario, antes de iniciar el servicio.

Igualmente, la Aresep deberá implementar una aplicación que sustituya el taxímetro tradicional.