Jueza ordena a Fiscalía acelerar exposición de caso "Cochinilla" en audiencia de medidas cautelares

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en el Goicoechea, ordenó a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) acelerar su exposición del caso policialmente conocido como "Cochinilla" y acabarla a más tardar el mediodía de este 17 de junio, en el tercer día de audiencia de medidas cautelares por el escándalo de aparente corrupción.

La disposición fue confirmada a AmeliaRueda.com por cinco de los abogados intervinientes en la causa penal 19-000025-1218-PE. Al cierre de esta publicación, este medio mantenía en trámite consultas con las oficinas de prensa de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para ahondar en detalles de la decisión.

Uno de los juristas, Simón Angulo Arredondo, defensor de una funcionaria pública investigada de apellidos Madrigal Rímola, detalló que la jueza Carolina Lizano Salazar, restringió el 16 de junio el tiempo que tiene el Ministerio Público para explicar el caso, con base en el artículo 173 del Código Procesal Penal, que reza:

"Audiencias orales - Los tribunales celebrarán las audiencias orales sin dilación y fijarán el tiempo absolutamente indispensable para realizarlas".

El abogado mencionó que la decisora hizo ver que "había un abuso del tiempo en la exposición de los hechos y que la mera lectura podría incidir en la transgresión de los derechos fundamentales de los imputados". Una violación de esas libertades podría acarrear consecuencias si alguna de las partes interpone un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional.

Angulo Arredondo precisó que el tiempo máximo concedido es el mediodía día de este 17 de junio. Además señaló que la juzgadora se limitó a establecer que en ese tiempo debía terminar la intervención de la Fiscalía, sin mencionar u ordenar qué debían exponer exactamente.

Lo anterior adquiere relevancia porque al 16 de junio, el Ministerio Público se mantenía en la exposición de más de 40 hechos -a las 2:00 p.m. de ese día apenas se habían abordado 4- y tiene por delante el detalle de los peligros procesales y arraigos de cada uno de los 30 encartados detenidos, así como la respectiva solicitud de medidas cautelares.

Varios de los juristas participantes estimaban antes de esta orden del Juzgado Penal que la cita se alargaría hasta el fin de semana, toda vez que una vez concluida la exposición de la Fiscalía, procedía que cada uno de los defensores diera a conocer los argumentos con los que refutarían las pretensiones del órgano acusador.

Uno de los elementos que generó molestia entre los abogados tiene que ver con que la intervención de comunicaciones orales realizada en la causa entre 2019 y 2020 -sobre la cual se sustenta gran parte de la pesquisa- no había sido incorporada al expediente principal, "sin hacer corroboración o investigación de los hechos que se persiguen" y de manera "oculta" a las defensas 24 horas después de las capturas, según Angulo Arredondo.

Sobre este último punto, también se pidió un criterio al departamento de comunicaciones del Ministerio Público, el cual permanece en trámite.

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Dos días atrás, Érick Ramos Fallas, representante legal del dueño de Meco de apellidos Cerdas Araya, describió supuestos "yerros" en la imputación hecha por la Fiscalía.

"Creemos que fue prematura la realización de allanamientos y las detenciones de personas porque básicamente lo que existen son intervenciones en las que ni siquiera hay prueba de tenencia de teléfonos, posibilidad de establecer quienes son los interlocutores de las llamadas, y mas importante que eso, ni siquiera hay una verificación del contenido de esas llamadas", aseveró en entrevista con AmeliaRueda.com.

"Adicionalmente, la Fiscalía en la indagatoria, momento donde al imputado se le otorga su derecho a que se le intime, muestra severas falencias en cuanto a la construcción de la hipótesis de los hechos que se están imputando; circunstancia que vamos a exigir a la jueza que verifique a efectos de rechazar la gestión del Ministerio Público de imponer medias cautelares", agregó.

Caso "Cochinilla"

La investigación en cuestión motivó una serie de allanamientos que arrancaron a las 7:00 a.m. del 14 de junio anterior en 57 puntos diferentes, con el objetivo de lograr la detención u obtención de pruebas de 32 personas, entre ellos 19 funcionarios públicos y 13 personeros de empresas.

Del total de diligencias, 14 se llevaron a cabo en instituciones públicas como por ejemplo la Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

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Asimismo, se realizaron diligencias en las empresas Meco, H. Solís, Cacisa, Constructora Herrera y Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP).

El director general del Organismo de Investigación Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, detalló que en este caso -al que se le asignó el expediente 19-000025-1218-PE- se persiguen los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, estafas y falsedad ideológica.

Por su lado, el Ministerio Público indicó en un comunicado que estos ilícitos fueron en apariencia cometidos en perjuicio del Estado por funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Transportes así como de Hacienda, además de particulares de compañías privadas.

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Según el jefe de la Policía Judicial, entre 2019 y 2020 estas personas en apariencia establecieron un esquema de pago de coimas. "Les permitía obtener dinero, vehículos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para que alguna empresa pudiera verse beneficiada. Es el enlace típico de corrupción que se ha visto en otros países en la que un grupo de empresarios, empresas muy fuertes y que además tienen posibilidades amplísimas de actuación, se acercan a funcionarios públicos, le ofrecen dádivas, regalías y afectan la integridad de personas", manifestó Espinoza Espinoza.

El director del Organismo puntualizó que este es uno de los operativos más importantes que han realizado en los últimos meses. Se estima que esta red de corrupción provocó un hueco financiero de ¢78.000 millones.