Justicia abre investigación a director de La Reforma por vínculo con banda de estafas telefónicas

El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) abrió una investigación preliminar contra el director general del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, por sus supuestos vínculos con una banda que se dedicaba a realizar estafas telefónicas desde el interior de esa cárcel, popularmente conocida como La Reforma.

La pesquisa administrativa fue ordenada este 12 de noviembre por la titular de la cartera, Fiorella Salazar Rojas, un día después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticulara el grupo e informara que el funcionario, de apellidos Pérez Montero, al igual que la directora interina del Ámbito de Convivencia D de la cárcel, de apellidos Bocam Mora, estaban ligados al caso por en apariencia dar facilidades a una estructura criminal que ocasionó un perjuicio económico superior a los ¢500 millones.

A partir del 16 de noviembre, ambos servidores públicos empezarán a descontar las vacaciones que tienen acumuladas.

El servidor público, de 60 años de edad, inició labores en la cartera el 1° de diciembre de 1993, con el grado de especialidad de criminólogo, especificó la oficina de prensa de la institución ante la consulta de AmeliaRueda.com. Bocam Mora, abogada de profesión, lo hace desde el 1° de julio de 2014.

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La investigación preliminar contra los trabajadores está a cargo de Dirección General de Adaptación Social (DGAS).

Por otra parte, la Dirección General de Policía Penitenciaria (DGPP) será la responsable de efectuar la pesquisa administrativa contra uno de sus agentes, de apellidos Irigoyen Cruz, que comenzó a laborar en el puesto el 16 de agosto del 2012.

Este último permanece a las órdenes de Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen desde su detención en Heredia la mañana del 11 de noviembre, en un operativo simultáneo con el que la Sección de Fraudes la Policía Judicial desarticuló la estructura y capturó a 15 de sus integrantes.

Según indicó el departamento de comunicaciones del Ministerio Público a este medio, Irigoyen Cruz fue indagado en el transcurso del día y se mantenía a la espera de una audiencia de solicitud de medidas cautelares. "El Ministerio se mantiene atento a cualquier medida cautelar que le sea notificada por el Poder Judicial en relación con estos casos", indicó Justicia sobre ese funcionario en particular.

Respecto Pérez Montero y Bocam Mora, ese despacho tiene en trámite la respuesta de una serie de preguntas formuladas por AmeliaRueda.com, mientras que la oficina de prensa del Organismo se limitó a detallar que estos dos sujetos por el momento solo son "vinculados preliminarmente", por lo que no procedió su aprehensión.

El grupo en cuestión era liderado por un hombre de apellidos Tencio Rodríguez, quien descuenta ya una condena en La Reforma por el delito de homicidio y delitos contra la propiedad.

De acuerdo con el director general de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, los funcionarios públicos aparentemente facilitaron "acciones para que este sujeto (el líder de la banda) sea ubicado en ámbitos que le permitan realizar sus acciones de manera libre, con mucha permisividad y, obviamente, mediante el acceso a la tecnología que se requiere para que él pueda desarrollar sus acontecimientos".

Para lograr la detención de la organización, se realizaron 17 allanamientos, tanto en el centro penitenciario como en fincas ubicadas en Guatuso, Grecia y Heredia.

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Durante con la investigación se logró determinar el modo de operar de la banda, que desde la cárcel hacía llamadas y luego se reclutaba personal o se utilizaban a los familiares de los reos para el retiro de los dineros y la compra de bienes.

Incluso, se determinó que el "segundo al mando" de esta banda, era precisamente el hermano del líder, quien se encargaba de la logística, conseguir chips, personas y teléfonos celular. El papá de ambos, también es parte del grupo criminal. También se detuvo a un abogado que colaboró con inscripciones ilegales de vehículos y bienes.

"En una segunda fase del plan delictivo, la estructura criminal, contando con el apoyo de un grupo de personas que conocía la ilicitud del dinero, se dedicó a ocultar grandes capitales, mediante la compra de bienes inmuebles y ganado vacuno, así como a aparentemente ocultar dinero en las propiedades.

"Se trata de una investigación sumamente compleja, con declaratoria de crimen organizado, porque involucra varios fenómenos criminales para lograr cometer los delitos", manifestó el fiscal adjunto de Fraudes y Cibercrimen, Miguel Ramírez López.