"No me abstendré, diré las cosas como son", dice Alvarado sobre comparecencia en comisión UPAD

El presidente Carlos Alvarado aseguró, este jueves, que no se abstendrá de declarar en su comparecencia ante la comisión especial del Congreso que investiga el uso de datos en Casa Presidencial y la confirmación —a través de un decreto ya derogado— de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), con acceso a supuestos "datos confidenciales".

Por el contrario, el presidente afirmó que "tiene ganas" de asistir a la Asamblea Legislativa, porque "se han dicho cosas que no son" y quiere aclararlas.

"Yo estaré en la comisión cuando sea convocado y daré las declaraciones como tal. No me abstendré. Yo iré a hablar y a decir las cosas como son. Tengo ganas de ir para explicar bien las cosas. Creo que se han dicho cosas que no son y tengo ganas de estar ahí", subrayó.

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Alvarado rindió sus declaraciones la mañana de este jueves, en medio de una inspección que realizó junto al ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, en Circunvalación (Guadalupe).

Alvarado señaló que nunca ha querido evitar su audiencia, "como han dicho algunas personas", aunque sí subrayó que el encuentro no debería realizarse en el plenario legislativo, porque —desde su punto de vista— la Constitución Política impide su asistencia a ese recinto.

"Algunas personas han dicho que no quiero ir, y eso no es cierto. Yo como presidente juré respetar la Constitución y la Constitución me prohíbe, así como a la Asamblea Legislativa, ir a una interpelación en el plenario. Eso no está en la Constitución, aunque se quiera velar como una comisión en el plenario. La Constitución me prohíbe hacer eso y yo no voy a violarla, por eso creo que lo oportuno es que sea en comisión".

La interpelación en el Plenario legislativo se permite en la Constitución Política únicamente para los ministros de Gobierno y no para presidentes o vicepresidentes. No obstante, algunos diputados insisten en usar ese espacio para auspiciar a la comisión investigadora y suspender labores de todos los demás órganos del Congreso, con el objetivo de que puedan asistir al foro todos los congresistas que quieran.

El presidente Alvarado enfatizó que, si bien otras conformaciones legislativas aplicaron la cortesía parlamentaria de llevar las audiencias de los expresidentes José María Figueres Olsen y Luis Guillermo Solís a la Presidencia, él entiende que no existe la misma apertura en esta ocasión, por lo que no tiene ningún problema en asistir a cualquier otro lugar del Congreso.

"Por tradición y por cortesía parlamentaria a otros expresidentes se les ha permitido que sus comparecencias sean en Casa Presidencial, pero creo que eso no lo van a aplicar en mi caso, pero mi interés es dar mi comparecencia, diré la verdad y, como lo he dicho, no solo espero estar ahí sino que tengo ganas de estar ahí", apuntó.

La audiencia de Alvarado está pactada para el próximo 10 de febrero. No obstante, los diputados aún no terminan de decidir en qué recinto de la Asamblea Legislativa se realizará. Lo único ya definido es que será en el Congreso y no en Casa Presidencial, como solicitó la ministra Geannina Dinarte por respeto a la investidura del mandatario.

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Caso UPAD

El presidente Alvarado es investigado penal, administrativa y políticamente por el 'caso UPAD'. Las investigaciones penales incluyen a ocho personas, inicialmente, por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, bajo el expediente 20-005433-0042-PE.

Aparte de Alvarado, se investigan al entonces ministro de la Presidencia y actual diputado oficialista, Víctor Morales; y al exviceministro de Planificación, Daniel Soto. También a los tres anteriores asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández; al exasesor legal Luis Salazar y a la exdirectora de despacho del Presidente, Felly Salas.

Las investigaciones en curso buscan determinar si el equipo asesor de datos del presidente infringió derechos sobre registros personales de ciudadanos y si los miembros de gobierno actuaron apegados a la ley al intentar establecer formalmente la unidad vía decreto, en febrero de 2020, con acceso a "datos confidenciales" (sin citar cuáles, ni bajo qué restricciones).

Presidencia ha dicho en reiteradas ocasiones que el equipo asesor de datos funcionaba como un ente de consulta regular para la formación de política pública (como ocurre en cualquier equipo administrativo) y que nunca utilizó datos sensibles, a los que no tuviera acceso por vías estrictamente legales, según el conocimiento de las autoridades.

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