Norma técnica para aborto terapéutico debe aprobarse, insta Defensoría a Alvarado

Costa Rica debe avanzar en la aprobación de la norma técnica que permita la aplicación del aborto terapéutico en establecimientos de salud.

Ese es el llamado que hizo este viernes la Defensoría de los Habitantes (DHR) después de conocer que se dio por finalizado el proceso de solución amistosa entre dos mujeres conocidas como Ana y Aurora y el Estado costarricense como consecuencia de que este último incumpliera con la puesta en marcha de ese documento.

"Solo esta regulación permitirá garantizar a las mujeres que lo requieran estándares necesarios para recibir atención médica oportuna y de calidad, incluyendo la información requerida para expresar su consentimiento, y otorgará seguridad al personal médico y de enfermería, así como la información necesaria para que le intervención se realice en forma segura y eficiente. En tal virtud, Costa Rica debe continuar con la construcción de la norma técnica", señaló la institución.

El aborto impune, conocido como terapéutico, se encuentra estipulado en el artículo 121 del Código Penal y señala que se puede permitir la interrupción del embarazo en aquellos casos donde la salud o la vida de la gestante se encuentra en riesgo.

La norma técnica para esta práctica quedó lista desde la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018), sin embargo, en la recta final de su mandato y en la víspera de la segunda ronda electoral tomó la decisión de no firmarla.

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Es por lo anterior que ahora la responsabilidad recayó en el gobernante Carlos Alvarado, quien semanas atrás indicó que la discusión del aborto distrae de temas prioritarios, lo cual provocó malestar por parte de diferentes sectores que exigen el cumplimiento de este derecho.

"La Defensoría insta a la Administración Alvarado Quesada a tomar las medidas necesarias para la aprobación de la Norma Técnica para la regulación de la Interrupción Terapéutica del Embarazo y garantizar su implementación en todos los servicios de salud públicos y privados", añadió la DHR.

Debido a la ruptura del proceso amistoso, Costa Rica se arriesga a una nueva sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en caso de que este tribunal determine un incumplimiento en esta materia.

Las demandantes habían acudido en primera instancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 luego de que se les negara la interrupción del embarazo pese a que se puso en riesgo su salud y vida.

Ana y Aurora indicaron que se les estaba violentando un derecho ya establecido en el artículo 121.

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Las mujeres estuvieron de acuerdo en el proceso conciliatorio donde se incluyera la construcción de una norma técnica para hacer cumplir este procedimiento. Fue así como el Ministerio de Salud convocó a un grupo de expertos para confeccionar dicho texto.

Tras varios meses en ese proceso, la Cancillería como representante de Costa Rica realizó una serie de reuniones con la contraparte y revisiones propias para determinar los alcances jurídicos de dicho protocolo, el cual aplicaría para establecimientos de salud públicos y privados. Finalmente, no se concretó la firma.

La Defensoría de los Habitantes indicó que los casos de Ana y Aurora fueron conocidos por la Sala Constitucional, por lo que las denunciantes agotaron los recursos internos y por ellos acudieron a instancias internacionales.

Crédito de la fotografía: Facebook Aborto Legal Costa Rica