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Ministerio de Salud

Oficinistas, técnicos y conductor entre 14 funcionarios de Salud que rechazaron vacuna anticovid

​Se exponen a proceso disciplinario de persistir negativa al 14 de octubre próximo

Oficinistas, técnicos y hasta un conductor aparecen entre los 14 funcionarios del Ministerio de Salud que se negaron injustificadamente a vacunarse contra el nuevo coronavirus.

Entre los servidores también destaca un jefe, un profesional de salud y un inspector de vectores de entre más de 2.400 trabajadores de la cartera, a los que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) dispuso la inoculación obligatoria el 22 de febrero pasado.

Esos datos se extraen de una primera sesión informativa realizada al personal que se niega a inyectarse, precisó la oficina de prensa del Ministerio. No obstante, aún está pendiente de realizarse un segundo encuentro con estos funcionarios, el cual está programado para llevarse a cabo el 14 de octubre próximo.

Quienes rechacen sin justificación alguna la vacuna para después de esa segunda charla, afrontarán un procedimiento administrativo que puede derivar en su despido.

"Estamos en el proceso de notificación, tratando de convencerlos, darles la oportunidad. Se tendrán que sancionar, de acuerdo con lo dispuesto, e incluso se exponen a una multa o la denuncia penal, lo que corresponda", explicó el pasado 28 de setiembre el ministro del ramo, Daniel Salas Peraza. "Hemos avanzado para poder, lamentablemente, llegar a este punto (sancionar). Hemos dado oportunidades, hemos explicado, hemos hecho sesiones. Hemos logrado que algunos se convenzan y se la apliquen. Pero algunos todavía nos quedan", agregó.

Para ese momento también se estaba a la espera de que 13 servidores presentaran constancias médicas sobre contraindicaciones a la inoculación contra el virus del SARS-CoV-2.

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Castigos para el resto de funcionarios

El Consejo de Gobierno también acordó este 12 de octubre las sanciones a las que se exponen los trabajadores públicos que se nieguen injustificadamente a la vacuna. Las medidas incluyen la posibilidad de afrontar procedimientos administrativos, multas fijas por un salario base (¢462.200) y hasta una denuncia penal.

A diferencia del sector de la salud, la obligatoriedad de la inoculación para los servidores públicos rige a partir del 15 de octubre y a más tardar el próximo 5 de noviembre, las instituciones deberán remitir un informe con el detalle la cantidad de personal que cuenta con esquema completo, la que solo tiene una dosis, la que ha presentado certificaciones médicas de contraindicación y la de no inoculados.

Cada entidad deberá iniciar con una campaña de sensibilización entre la población no inmunizada. Acto seguido se procederá con la instrucción de parte del jerarca, para que inicie el proceso en máximo 10 días hábiles posteriores. Vencido el plazo, se procederá con las disposiciones disciplinarias.

Las instituciones tendrán que hacer un segundo informe el 26 de noviembre.

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