PAC rechaza pretensión de Procuraduría de elevar en ¢160 millones indemnización al Estado por estafa

El defensa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Erick Gatgens Gómez, rechazó este jueves la pretensión de la Procuraduría General de la República (PGR) de incrementar en ¢160 millones la indemnización que la agrupación deberá hacer al Estado por la estafa ocurrida en la campaña de 2010.

Durante sus conclusiones, la representación del partido oficialista pidió al Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José declarar sin lugar la solicitud de su contraparte, al considerar que el abogado del Estado utilizó como "fuente de responsabilidad" la comisión de un hecho punible y, al respecto, la Sala de Casación Penal había advertido que debía acudir a una distinta si pretendía un ajuste de la indemnización.

La Procuraduría insistió un día atrás en incluir 82 contratos de servicios especiales a la condena por estafa impuesta a Acción Ciudadana y reclamó una indemnización al Estado de ¢160 millones más intereses al día de pago (por ahora más de ¢103 millones) y costas (¢21 millones) durante sus conclusiones en el juicio de reenvío iniciado el 1º de julio pasado. Con este ajuste, solo por concepto de indemnización el monto a pagar por la agrupación sería de ¢512 millones. La decisión final dependerá del órgano jurisdiccional.

Gatgens Gómez agregó -en un espacio de poco menos de dos horas- que se carecía de prueba para sustentar algunas de las afirmaciones realizadas por el procurador penal Rándall Aguirre Mena.

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Este funcionario enfatizó en que 82 de los 84 contratos excluidos cumplían con las mismas condiciones que los restantes 179 pactos que sí fueron identificados como simulados por el Tribunal Penal en un primer momento, por el que la agrupación ya fue condenada al pago de una indemnización de ¢352 millones.

Como ejemplo de ello, se tiene que los 261 contratos -los 179 incluidos y los 82 excluidos- fueron completados -en las funciones de los ciudadanos o cláusulas- por el extesorero del partido, Maynor Sterling Araya, posterior a la firma por parte del portador del servicio. Es decir, primero el documento fue rubricado y después se llenó el contenido de este.

El procurador indicó que esto se determinó en el primer juicio mediante una pericia forense que acreditó que la letra con la que se completaron los contratos pertenece a una sola persona y esto solo podía ocurrir si esta viajaba por todo el país (lo cual no fue comprobado) o si los documentos se llenaron posteriormente.

Pero el defensor rechazó que esto fuera un delito y, además, el procurador omitió señalar que las fechas de los contratos son variables.

Asimismo, el procurador aseguró que que los pactos de servicios especiales coinciden en su mayoría en montos de ¢1,8 millones y ¢2,4 millones, con contadas excepciones. Su contraparte justificó que esto responde a un principio de "trato igual de las personas".

Se tiene también que para cada uno de los 261 prestadores se simuló un supuesto recibo de bonos de serie B por ¢200.000 (que según la votación conseguida por el partido, se pueden canjear por deuda política). Pero Acción Ciudadana jamás entregó los certificados, sino que los mantuvo en su poder y generó los comprobantes para cumplir con los requisitos en las liquidaciones de gasto presentadas en esa campaña.

No obstante, Gatgens Gómez aportó una declaración dada por uno de los prestadores de los 82 acuerdos de servicios especiales al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) -como parte de un informe traído a colación por el procurador- en el que el ciudadano afirma se le entregó el bono y se le manifestó que -aún cuando se había ofrecido como colaborador- se le iba a pagar por su trabajo en caso de que el partido accediera a suficiente deuda política.

Por ello la defensa consideró que era falaz razonar que, porque en 179 contratos se dio una simulación y fraude, esta situación se repitiera en los restantes 82.

En la primera ocasión, el Tribunal Penal de San José optó por dejar fuera de la sentencia 84 contratos señalados por la Procuraduría en su acción civil resarcitoria toda vez que no se aportó el testimonio de quienes ofrecieron los servicios, como sí ocurrió en otros 179 casos equivalentes a ¢352 millones.

Pero el abogado del Estado alegó que esa decisión violentó el principio de libertad probatoria, ya que a ese debate se aportaron y admitieron evidencias documentales que apuntan a que el partido estableció un esquema fraudulento para incrementar el monto de gastos que podía liquidar de la deuda pública administrada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ese argumento sí fue contemplado por el Tribunal al sentenciar penalmente a dos personeros de Acción Ciudadana que fueron encontrados responsables de hacer la estafa. Sin embargo, a la hora de condenar solidariamente a la agrupación, no lo hizo de la misma manera, sostiene Aguirre Mena.

Los jueces Nancy Marín Monge, Pedro Ramírez Sánchez y Paul Fuentes Sing, se retiraron a deliberar la mañana de este jueves y procederán a comunicar el por tanto de su resolución el próximo 15 de julio a las 3:00 p.m.

Diferencias sobre intereses

Otra de las solicitudes que planteó la defensa de Acción Ciudadana al Tribunal Penal de San José tiene que ver con el cálculo de los intereses de la indemnización que debe cancelar el partido por la estafa.

La Procuraduría solicitó el miércoles que esta se calculara desde el momento en el que se materializó el fraude hasta el día en que se cancele el pago correspondiente. El punto de partida entonces debería ser el 3 de diciembre de 2010, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones autorizó el desembolso de deuda política a la agrupación de gobierno.

En ese supuesto, y si el partido pagara este jueves, los intereses ascenderían los ¢103 millones.

A criterio de la representación de Acción Ciudadana ese cálculo es "temerario" toda vez que aún no se define la cifra que debe cancelar y, por lo tanto, peticionó que los intereses corran a partir de que quede en firme la sentencia; o sea, hasta que se den por agotadas las vías judiciales para resolver el tema.

Estafa al Estado

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José sentenció al extesorero de Acción Ciudadana, Maynor Sterling Araya, así como al exadministrativo del partido Manuel Antonio Bolaños Murillo, a seis y tres años de cárcel como responsables de una estafa contra el Tribuna Supremo de Elecciones (TSE) por 179 contratos.

La agrupación fue solidariamente condenada al pago de una indemnización de ¢352 millones más intereses y costas.

Ese monto puede incrementar durante el juicio de reenvío que arrancó este 1º de julio, toda vez que la Procuraduría General considera se excluyeron 82 contratos. De ser aceptada esa hipótesis por el Tribunal Penal del I Circuito de San José, el cobro a la agrupación subirá a ¢516 millones más intereses y costas.

La sentencia penal contra Sterling Araya y Bolaños Murillo y una parte de la condena civil (los ¢352 millones) se encuentran en firma. El caso se tramita en el expediente 12-000024-033-PE.