Pese a criterio legal contrario, diputados realizarán audiencia de Presidente por UPAD en plenario

A pesar de que un criterio legal del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso aseguró ello "excedería la lógica parlamentaria", los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una moción en la que acordaron realizar la comparecencia del presidente Carlos Alvarado ante la comisión que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en el Plenario Legislativo, el próximo 10 de febrero.

La decisión la tomaron incluso ante dudas de diputados sobre la constitucionalidad de este movimiento, como indicó el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón. Él señaló la semana pasada que actuar de esa manera podría hacer que el acto perdiera su esencia y se viera envuelto en algún problema posterior en la Sala Constitucional.

Así lo dijo en reunión de jefes y subjefes de fracción, el 25 de enero pasado; sin embargo, este miércoles cambió de posición y apoyó la movida, junto con el resto de su bancada. También cambió de postura sobre la oportunidad de realizar esta audiencia en el plenario el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, quien había manifestado que podría dar pie a "malas interpretaciones" de la audiencia sobre el carácter de la presencia de Alvarado en el Congreso.

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La moción para realizar la convocatoria del presidente Alvarado al plenario se votó este miércoles, a pesar de que existía un acuerdo de las fracciones más cuantiosas para ver el tema hasta el jueves. También incluyó una suspensión total de todos los órganos legislativos, de modo que puedan asistir al encuentro todos los diputados que quieran hacerlo.

El documento solo contó con el rechazo de la fracción oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuyo jefe, Enrique Sánchez, aseguró que hacer la audiencia en el plenario y suspender labores de todos los demás órganos legislativos se trataría de una "interpelación velada" al Presidente de hecho, prohibida constitucionalmente.

También recriminó la decisión la legisladora Carolina Hidalgo, quien afirmó que se trata de un daño a la "investidura presidencial", más allá de a Alvarado, además de un golpe a la democracia.

La posición de los oficialistas fue rebatida por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz. Ella aseguró que el Plenario Legislativo es solo un recinto más y que era el espacio más propicio para evitar mayores gastos en la adecuación de otros y para que exista distanciamiento entre los legisladores, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

También lo hizo la independiente Ivonne Acuña, quien agregó que el año pasado se realizaron audiencias de la Comisión de Asuntos Hacendarios en el viejo Plenario Legislativo en las que participaron ministros, aunque no se trataba de investigaciones.

Los diputados tomaron la decisión a pesar de que la administración del Congreso había puesto a disposición incluso el Salón de Expresidentes, con una mayor capacidad que el Plenario.

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Criterio legal

El departamento de Servicio Técnicos del Congreso indicó, ante una consulta de Cruickshank, que realizar la sesión de una comisión investigadora en la sede del plenario para interrogar al Presidente de la República "excedería la lógica parlamentaria", pues "no es el Plenario Legislativo quien lleva a cabo dicha investigación, siendo que, a todos luces, el acto puede convertirse en un interpelación velada".

Así lo indicó en su informe jurídico AL-DEST-CJU-006-2021, y agregó que "no resultaría prudente ordenar la suspensión de todos los órganos legislativos y del propio Plenario para ese día", pues ello supondría "un costo adicional que redunda en la paralización de la agenda parlamentaria".

Constitucionalmente, las interpelaciones en el Plenario solo son permitidas para ministros y no para presidentes, ni vicepresidentes, por ocupar cargos de elección popular. Por eso, Servicios Técnicos estimó que realizar la audiencia en el Plenario incluso "implicaría una modificación al sistema semipresidencialista escogido por el constituyente".

Alvarado había señalado su total disposición de asistir al Congreso. "Yo estaré en la comisión cuando sea convocado y daré las declaraciones como tal. No me abstendré. Yo iré a hablar y a decir las cosas como son. Tengo ganas de ir para explicar bien las cosas. Creo que se han dicho cosas que no son y tengo ganas de estar ahí", dijo el 28 de enero pasado.

No obstante, también había dicho que la Constitución le prohíbe asistir al Plenario legislativo a cualquier interpelación y que él había jurado respetar la carta magna, por lo que entendía que el encuentro se realizaría fuera del máximo escenario del Congreso.

"Por tradición y por cortesía parlamentaria a otros expresidentes se les ha permitido que sus comparecencias sean en Casa Presidencial, pero creo que eso no lo van a aplicar en mi caso, pero mi interés es dar mi comparecencia, diré la verdad y, como lo he dicho, no solo espero estar ahí sino que tengo ganas de estar ahí".

"Algunas personas han dicho que no quiero ir, y eso no es cierto. Yo, como Presidente, juré respetar la Constitución y la Constitución me prohíbe, así como a la Asamblea Legislativa, ir a una interpelación en el plenario. Eso no está en la Constitución, aunque se quiera velar como una comisión en el plenario. La Constitución me prohíbe hacer eso y yo no voy a violarla, por eso creo que lo oportuno es que sea en comisión", subrayó.

Ahora el mandatario quedó citado para asistir justamente a ese recinto: el plenario del Congreso.

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