Procuraduría fue inoportuna al entregar resolución sobre Solís el último día de labores de Asamblea;
Gonzalo Ramírez señala que documento se envió un día antes de que congresistas terminaran funciones
Redacción
06/08/18 | 12:16pm
El expresidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora, manifestó que la Procuradoría General de la República (PEP) fue inoportuna al entregar el informe que exime de culpas del caso del cemento chino al exmandatario Luis Guillermo Solís un día antes de que los congresistas terminarán funciones.
Ramírez compareció este lunes ante la comisión legislativa que investiga posibles irregularidades en la entrega del informe de la PEP.
El excongrsista destacó que en el momento en el que la PEP lo envió - viernes 27 de abril- no se podía hacer una buena gestión de entrega a los diputados, ya que el último día de su periodo constitucional era el lunes el 30 de abril.
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Además, dijo que no se le consultó al departamento legal de la Asamblea Legislativa, sino que se acogió el criterio de servicios técnicos de la misma institución; añadió que desde el miércoles 25 de abril envió un correo electrónico a los diputados y al director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, aclarando que a partir de ese día no iba a recibir correspondencia.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, integrante de la comisión, manifestó que al ser una resolución del ente procurador le correspondía al departamento legal dar esa asesoría al directorio.
El próximo lunes la comisión especial investigadora recibirá en audiencia a la actual Presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo.
Irregularidad
El pasado 14 de junio trascendió que el vencimiento del periodo de apelaciones -estipulado en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública- en medio de "secretismos" por parte de Ramírez y su sucesora, Carolina Hidalgo, señalada de ser cercana al exmandatario.
La acusación que pesaba contra Solís fue planteada por una comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa del cuatrenio pasado.
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El foro señaló al expresidente de faltar al deber de probidad (honradez y transparencia) al presionar -según sus propias conclusiones- a través del exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro, para que se acelerara el desalmacenaje de cemento traído desde China.
La Procuraduría argumentó, al desestimar la denuncia contra Solís, que no había suficiente prueba para demostrar el interés de este en que se facilitara el desalmacenaje y nacionalización del cemento.
El empresario importador de ese producto, Juan Carlos Bolaños Rojas, actualmente descuenta prisión preventiva investigado por peculado.
También, la forma en que se otorgaron los millonarios créditos para la importación del cemento ha sido objeto de investigación tanto por la comisión legislativa como por el Ministerio Público.
Fotografía: Twitter de la fracción del PUSC