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Los diputados rechazaron el proyecto de presupuesto nacional para el año 2021 en un gesto político, pues tendrán que aprobar una nueva versión antes del 27 de noviembre.

Rechazan primera versión de presupuesto 2021; diputados propondrán nuevos recortes en cinco días

​Los legisladores tendrán que reiniciar el trámite presupuestario para aprobar una nueva versión del plan de gastos a más tardar este 27 de noviembre

16/11/20 | 19:19pm

En una votación de 49 votos contra nueve, los diputados de oposición de la Asamblea Legislativa aprobaron un dictamen negativo de mayoría sobre el presupuesto nacional para el año 2021.

El movimiento tiene fines políticos únicamente, pues la Asamblea Legislativa no puede rechazar el Presupuesto de la República por mandato constitucional, sino que debe aprobarlo en primer debate a más tardar el 27 de noviembre de cada año.

No obstante, la decisión sí servirá para arrancar de cero con el plan de gastos de nuevo. Para eso, los diputados aprobaron a abrir un período de cinco días hábiles, hasta el próximo lunes, para presentar nuevas propuestas de modificación al texto original planteado por el Poder Ejecutivo. Aquella versión ya contemplaba un recorte por ¢368.000 millones en el gasto público; sin embargo, este no fue suficiente para una mayoría de la oposición, que ahora buscará profundizar aún más la reducción.

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El informe negativo también fue una bofetada para una propuesta de recorte que envió el Gobierno a través de un dictamen afirmativo de minoría, con una reducción de ¢150.000 millones. Este texto ahora ni siquiera se podrá discutir, porque su única esperanza radicaba en que se votara negativamente el rechazo y se continuara con esa segunda propuesta.

Ante el inminente rechazo del proyecto —que era evidente desde hacía ya varias semanas— el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ha sostenido reuniones con los diputados de oposición para buscar alternativas de recorte que le satisfagan.

La tarea; sin embargo, no ha sido sencilla porque los legisladores han renegado de tocar inversiones de infraestructura pública, vivienda de bien social, juntas de educación y municipalidades, entre otros rubros.

Ahora Gobierno y diputados tendrán cinco días para terminar de afinar sus propuestas de recorte conjuntas y efectuar su discusión y votación la semana siguiente. En su defecto, podría suscitarse una nueva batalla campal como la que ocurrió en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde diputados y diputadas de oposición —particularmente del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana— intentaron realizar sus propios recortes con ante un bloqueo de la fracción oficialista, que los consideraba perjudiciales tal como se habían plantado.

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Acuerdo o batalla

En este nuevo arranque los diputados tendrán que llegar a mociones consensuadas o se podría desatar una nueva disputa en el Plenario legislativo, como ocurrió en Hacendarios. Las mociones de fondo pueden ser presentadas en cinco minutos, defendidas en otros cinco y rebatidas en el mismo lapso.

Por el momento, el presupuesto recupera su versión original a la espera de recibir nuevos "tijeretazos". Por ahora quedan eliminados los recortes en comisión por ¢7.108 millones al presupuesto de entidades como Cultura y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero podrían llegar otros similares en los próximos días.

Cuando presentó su propuesta de recorte adicional por ¢150.000 millones, ahora rechazada por los diputados, el Ministerio de Hacienda puntualizó que la fórmula pretendida era la única que habían encontrado para permitir al Estado "seguir operando", aunque de manera disminuida. Ahora queda en suspenso cuál será el desenlace final, y si llegará de la mano de propuestas del Ejecutivo, de la oposición o en su conjunto.

Un recorte adicional del ¢150.000 millones implica un ajuste del 0,4% del PIB. Quienes impulsan esta rebaja aseguran que cada pequeño esfuerzo que se realice cuenta para cerrar al menos una parte del déficit financiero del país, que este 2020 cerraría en un 9,2% de la producción. No obstante, distintas entidades estatales han señalado que cualquier ajuste deberá realizarse con el máximo detalle, pues ya se habían realizado varios ajustes a la baja y ahora podrían ponerse en peligro operaciones básicas del aparato estatal si no se realizan las modificaciones con criterio técnico.

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