Diputados frenan intento del Gobierno por gastar ahorro en intereses con préstamos internacionales

Casi todos los nuevos gastos que planteó el Gobierno en su tercer proyecto de presupuesto extraordinario, por ¢51.173,4 millones, fueron revertidos en la Asamblea Legislativa. Los diputados criticaron los movimientos porque se financiaban con los "ahorros" en intereses, producto de la adquisición de créditos internacionales en lugar de deuda cara.

El cambio fue impulsado por los diputados de oposición en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que dictaminaron positivamente el proyecto pero primero le realizaron distintas modificaciones.

Entre los nuevos gastos recortados se eliminaron partidas por ¢10.000 millones para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); ¢8.500 millones para reponer pérdidas por la rebaja en la base mínima contributiva por planillas de la CCSS; así como ¢7.000 millones para infraestructura vial operada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

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Asimismo, se redujeron recursos más chicos para el Ministerio de Educación Pública (MEP) y se le rechazaron algunos cambios de partidas, para el programa Empléate, la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), para el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), para el Poder Judicial, para la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), y para el pago de bases de datos del Ministerio de Salud en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La moción para realizar el cambio se presentó con la firma de diputados y diputadas de varias fracciones; y fue defendida por la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Ana Lucía Delgado. Ella argumentó que la intención es reducir el déficit fiscal en un monto cercano al 0,13% del PIB.

La moción únicamente fue votada en contra por las dos diputadas oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la comisión de Hacendarios, Laura Guido y Nielsen Pérez, quienes argumentaron que —si bien es necesario establecer reglas sobre la utilización de los recursos ahorrados para aplicaciones futuras— los recortes hechos afectarían la prestación de servicios públicos que son básicos.

Así lo dijo la diputada Guido, quien señaló compartía la posición de que los nuevos gastos deben financiarse también con mejores revisiones del gasto público, pero que no podía votar a favor de la moción porque también revertía cambios entre partidas del MEP que eran necesarias para priorizar el pago de obligaciones laborales.

También señaló que la moción tocaba inversiones sensibles como los fondos para retribuir recursos a la CCSS por el rebajo de su base contributiva, inversiones en infraestructura que deberían financiarse como un medio para reactivar económicamente al país y presupuestos que habrían permitido a entidades invertir en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), cuyos ingresos se han visto fuertemente disminuidos por las reducciones hechas en los recursos de publicidad del sector público, entre otras cuestiones.

Guido señaló que todas las partidas que se revirtieron eran importantes de distintas maneras; sin embargo, comentó que será necesario discutir cuánto de los recursos ahorrados en el pago de intereses podrían ser sujetos a posibles inversiones en el futuro y en qué materias. También llamó al Ejecutivo a plantear un nuevo presupuesto extraordinario con un mayor reacomodo de partidas, más allá de la utilización completa de los ahorros por la gestión de la deuda pública.

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Además del uso de los ¢51.173,4 millones en ahorros por la adquisición de créditos, el presupuesto incluye ¢31.181 millones en nuevos ingresos provenientes del Instrumento Rápido de Financiamiento que se aprobó hace semanas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, agrega ¢1.040 millones que quedaban pendientes de incorporar, provenientes del congelamiento en el precio de los combustibles que se aplicó meses atrás.

Los recursos del FMI corresponden al compromiso de girar un 10% del crédito a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); mientras que los ¢1.040 millones se utilizarían para financiar subsidios alimentarios a las personas laboralmente afectadas por la pandemia del SARS-CoV-2, bajo el bono 'Proteger'.

Ambos ingresos se mantienen intactos hasta el momento, de cara la discusión final del texto en el Plenario legislativo.

Ahorros para gastarse

El viceministro de Hacienda, Isaac Castro, afirmó este jueves ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que la presupuestación de recursos ahorrado se hizo para mantener los servicios sociales del Estado. Indicó que los "ahorros" por intereses son efectivos, precisamente, en la medida en que puedan utilizarse para otros fines relacionados con la atención de la emergencia provocada por el Covid-19.

Este movimiento fue calificado como un "engaño" por parte de los diputados de oposición, quienes cuestionaron que el Ejecutivo afirme la existencia de un "ahorro" de recursos pero que luego los utiliza para nuevos gastos que no estaban contemplados inicialmente.

¢51.173,4 millones representan un 0,15% del PIB; por lo que se esperaba que los legisladores esperaban que el déficit fiscal del país se redujera en esa misma proporción. No obstante, la Asamblea sí permitirá reservar ¢7.200 millones de ese total para el pago de vacunas, por lo que el aporte ahora sería menor.

La diputada del PLN y presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández, pidió al Ejecutivo claridad sobre la cantidad de los ahorros totales que se han generado por gestión de deuda hasta ahora. Asimismo, solicitó que en el futuro el Gobierno justifique las inversiones solicitadas de forma correcta, para determinar que se traten de eventualidades y no de errores u omisiones de presupuestación que ahora se intentan subsanar.

El Gobierno estima que el déficit fiscal será de un 9,3% de la producción este 2020; es decir, augura una relación negativa entre gastos e ingresos de ¢3,1 billones. Sin contar el pago de intereses (únicamente gastos e ingresos para la gestión regular del gobierno), la diferencia sería de un 4% de la producción: ¢1,34 billones.

Cerrar ese desequilibrio es esencial para que el Estado detenga el deterioro de sus finanzas que implican sus elevados niveles de deuda pública; un objetivo para el que impulsa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se mantiene en pausa ante el descontento social por la posible inclusión de nuevos impuestos.

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