Sala IV pide explicaciones de por qué Juzgado impide uso de 400 espacios en cárcel San Sebastián

La Sala Constitucional pidió explicaciones al Juzgado de Ejecución de la Pena de por qué impide el uso de 400 espacios disponibles en el Centro de Atención Institucional (CAI) San José para el traslado de privados de libertad que permanecen hacinados en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El tribunal le ordenó al coordinador del órgano jurisdiccional remitir un informe actualizado en las 24 horas posteriores a la notificación de de una resolución de este viernes, en el marco del análisis de un recurso de habeas corpus -figura que garantiza la libertad de una persona y la protege de una detención ilegítima- presentado por el director general de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza.

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"La autoridad jurisdiccional deberá emitir su criterio sobre la viabilidad actual de utilizar tales espacios para la ubicación de personas privadas de libertad. Lo anterior deberá informarlo dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este proveído con remisión de los medios probatorios en que fundamente su dicho y bajo la prevención de que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 párrafo 2º y 45 de la ley citada, se considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el mismo, y de que la omisión en informar causará que se tengan por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por medio de apoderado", indica el fallo al que AmeliaRueda.com tuvo acceso.

Casi simultáneamente, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que abogó por permitir el traslado de privados de libertad a San Sebastián como solución temporal al colapso del sistema penitenciario.

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La nota de prensa se circula dos días después de que el Juzgado, la Fiscalía y la Defensa Pública de Ejecución de la Pena de San José realizaran una visita técnica al centro penitenciario, para conocer las mejoras efectuadas en los últimos cuatro años, los cuales ascienden los ¢1.038.350.000, según el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

En la visita, el órgano acusador del Estado logró constatar que el penal tiene una población que no supera el 50% de su capacidad instalada. Sin embargo, sobre este centro penitenciario pesan órdenes de cierre desde 1999; siendo la más reciente de 2016, cuando se concedieron 4 años para buscar una alternativa al centro.

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