MEP despide a seis docentes por salir del país mientras estaban en huelga

Procedimiento​Entidad tiene abiertos 232 expedientes disciplinarios desde el 9 de octubre

El Ministerio de Educación Pública (MEP) despidió sin responsabilidad patronal a seis docentes interinas por haberse aprovechado de la huelga contra la reforma fiscal para salir del país.

La institución comunicó este viernes los ceses, una vez que concluyeron los respectivos procedimientos en el Departamento de Gestión Disciplinaria, donde se logró determinar que las funcionarias en cuestión salieron del territorio nacional durante las protestas sin tener vacaciones, licencias, permisos sin goce de salario, entre otras justificaciones legales.

Las resoluciones de los despidos fueron firmadas por el ministro de Educación, Édgar Mora, este jueves; a las educadoras se les notificó este viernes.

De acuerdo con el comunicado de prensa, las educadoras era de apellidos Ríos, Mata, Carballo, Gutiérrez, Gómez y Villegas, quienes viajaron entre 5 días y 1 mes y tenían entre 3 y 16 años de laborar para el Ministerio.

El anuncio añade que de las seis docentes despedidas, cuatro eran profesoras de inglés, una de preescolar y otra laboraba como unidocente.

"Hemos insistido en que existe el derecho a la huelga, pero que hay personas que han abusado de ese derecho para salir del país a viajes personales y eso es una falta grave. Vamos a continuar con el trámite del resto de expediente disciplinarios que se abrieron por estos asuntos", declaró el jerarca.

Hasta la fecha, la entidad tiene abiertos -desde el 9 de octubre- un total de 232 expedientes disciplinarios por supuestas salidas del país de funcionarios que salieron del país como resultado de un cruce de datos que hizo Educación con información de ingresos y salidas de la Dirección de Migración y Extranjería (DGME).

El 5 de octubre anterior, AmeliaRueda.com dio a conocer el caso que desencadenó la investigación ampliada, luego de que una madre de familia se acercara a denunciar su malestar con la maestra de su hija, ya que se había viajado a México entre el 28 de setiembre y el 1 de octubre, mismo periodo en el que se acogió a su derecho de huelga.

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Justamente la realización de nuevos cruces podría generar una mayor cantidad de expedientes.

Según la información difundida, en cada uno de los casos mencionados, las educadoras fueron notificadas de los cargos y tuvieron la posibilidad de presentar sus argumentos de defensa antes de una resolución. En todos, las funcionarias aceptaron haber salido del país sin tramitar un permiso o licencia.

Movimiento ilegal e insistente

El pasado miércoles y por segunda ocasión, la huelga de trabajadores del Ministerio de Educación Pública contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue calificada como ilegal por un juzgado de Trabajo.

Lo anterior porque la protesta no mantuvo el carácter pacífico que le exige el Código de Trabajo, además de que interrumpió el servicio que brindan los comedores estudiantiles, considerado como un servicio esencial.

También, el decisor Víctor Orozco encontró que las manifestaciones transgredieron los principios de razonabilidad y de proporcionalidad por ser "indefinidas" y por mantenerse ininterrumpidas desde el 10 de setiembre anterior.

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Los gremios del sector, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), anunciaron ese mismo día que apelarían la sentencia.

Un día antes, los líderes sindicales de esas organizaciones laborales pactaron con la institución deponer el movimiento a partir de este viernes, situación que no ocurrió, pues los afiliados del ANDE y el APSE rechazaron el acuerdo y los del SEC lo aceptaron, con la condición de que las clases se retomaran el próximo lunes, tomando en cuenta el traslado de profesores a sus respectivas comunidades.

El MEP fue la institución que sufrió las mayores de afectaciones de la huelga contra la iniciativa de origen tributario, ya que promedió un ausentismo de alrededor del 70 por ciento de su personal. Sin embargo, luego de que la Sala Constitucional avalara el 23 de octubre el expediente 20.580, dicha cifra cayó al 51 por ciento.