Taxistas protestan en San José para pedir archivo de proyectos que liberan transporte privado

​Transportistas transitarán por el Paseo Colón, la Avenida Segunda y las inmediaciones de Cuesta Moras

25/09/18 | 10:35am

Grupos de taxistas pertenecientes a diez organizaciones de taxistas de San José se lanzaron este martes a las calles para realizar tortuguismo como medida de presión para exigirle a la Asamblea Legislativa el archivo de los proyectos de ley que plantean la "liberación del transporte en su modalidad privada".

Decenas de ellos se concentraron en las cercanías de la estatua de León Cortés, para posterior iniciar una circulación a baja velocidad por el Paseo Colón en el sentido que lleva hacia el centro de la capital, para posteriormente tomar la Avenida Segunda en dirección a Cuesta de Moras, donde se encontrarán con conductores de otros sectores que tomarán rutas diferentes, con la misma instrucción.

La decisión de iniciar un movimiento "indefinido" -del que se desconoce cuando finalizará- la tomaron los dirigentes de los asociaciones en un encuentro celebrado el miércoles anterior, con el objetivo de manifestarse contra los los expedientes 20.113 Ley de Movilidad Colaborativa, 20.518 Ley de Empresas de Redes de Transporte Objeto, Principios y Naturaleza del Servicio Privado de Transporte, y 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tal y como lo confirmó a este medio el secretario general de Fuerza Roja Sindical, Randall Jiménez.

Se estima que a lo largo de las protestas participarán unos cuatro mil taxistas de Irazú, Multiplaza del Este, Guaria, Alfaro, Unidos Desamparados, Rohrmoser, Coopetico, Coopetaxi, STAMSA y Evolution; mismas que llaman a todos los transportistas regulares a unirse al movimiento.

El representante del Foro Nacional de Taxistas, Gilberth Ureña, dijo la mañana de este martes en Noticias Monumental que en caso de que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos no se archiven las iniciativas, la flota nacional de transportistas se unirá desde las 5:00 a.m. a la "marcha de los gatos" que los sindicatos organizan por el día 17 de la huelga general contra la reforma fiscal.

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"El tema es más que todo país, no solo de los taxistas. Nosotros obviamente estamos bien identificados con los sindicatos y contra el 20.580, que no ataca la evasión fiscal. Según la Sociedad Global Financiera Integral de los Estados Unidos, en Costa Rica por prácticas en el extranjero en Holanda, salieron en el 2016, ¢16.520 billones. Como usted puede ver no es solo un tema de los taxistas, este tipo de prácticas es un hueco grandísimo en la bolsa del pantalón de todos los costarricenses y por lo tanto nosotros apoyamos a los sindicatos y estamos en contra de la liberación del transporte que lo que viene es a abrirle o darle licencia a estas empresas (como Uber) a que vengan a saquear al país", explicó Jiménez.

Para el secretario general de la Fuerza Roja Sindical es inconcebible que ese tipo de transportes puedan cobrar cerca del 25 por ciento de montos que cobran sus conductores sin pagar impuestos, en un momento en el que el Gobierno de la República promueve un plan para obtener ingresos frescos con el fin de solventar parte del déficit estimado en un 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como lo arrojan cifras oficiales. "Nos posible que ahora tengamos que pagar más por el arroz, la leche, el pan, las medicinas... todo por no atacar este tipo de prácticas", aseguró.

Jiménez resaltó que en el Congreso hay "personas que no están muy conscientes" con lo que resolvió el Consejo de Gobierno al reiterar la ilegalidad de ese tipo de servios e instar a Uber a cesar sus operaciones en Costa Rica.

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"Le pedimos disculpas al pueblo por cualquier afectación que causemos, pero tienen que saber que estamos defendiendo nuestros derechos y que el país es el que pierde en materia regulatoria si se privatiza y libera el sistema", dijo el dirigente.

Los dos proyectos que planean la regulación de las modalidades tecnológicas de transporte han sido suspendidos de su discusión en Asuntos Económicos por 30 días, mientras el Poder Ejecutivo elabora un texto base que proponga una solución integral al conflicto en el sector.

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Crédito de fotografía: Carolina Bello May.

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