Nuevo texto para regular Uber propone que plataformas tengan que pagar ¢9 millones para operar

Un nuevo proyecto de ley para regular plataformas digitales de transportes, como el caso de Uber, fue presentado este miércoles por los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, luego de que desecharan la propuesta del Poder Ejecutivo.

La iniciativa plantea que estos servicios tecnológicos deban pagar al Estado 20 salarios bases (actualmente en ¢446.200) como derecho de registro para operar en el territorio nacional, es decir, casi ¢9 millones de colones. El registro, además, sería renovado cada cuatro años con un costo adicional de 10 salarios base.

Igualmente el documento busca que se formalice el empleo de aquellas que trabajan como conductoras, por lo tanto éstas deberán pagar un derecho anual de operación, inscribirse en Tributación como contribuyentes del impuesto de renta, también ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cotizar a la seguridad social como trabajadores independientes, y contar con un seguro de cobertura total.

También las plataformas estaría obligadas a pagar el 13 por ciento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), a diferencia de los taxistas que quedarían exentos.

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Para los taxistas, además, plantea que aquellos vehículos que tengan menos de ochos años de antigüedad requieran solo una revisión técnica vehicular por año y para los modelos que superen los ocho años requerirán una revisión vehicular cada seis meses.

Igualmente, los concesionarios podrán sustituir sus vehículos usados en la modalidad de taxi cuando así lo requieran, siempre que el vehículo que sustituye al anterior no supere el máximo de antigüedad permitida para la prestación del servicio.

También se establece una autorización para la colocación de mecanismos de publicidad, tanto a lo interno como en la parte posterior externa de los taxis, siempre y cuando no impida la visibilidad de los usuarios y del conductor hacia el exterior.

Por último en el caso tarifario, el pago fungirá como un precio máximo de referencia. Por debajo de esa tarifa, el prestatario del servicio y el cliente podrán convenir un precio del servicio.

"La petición de don Víctor Morales (ministro de la Presidencia) de incluir una compensación para los taxistas fue rechazada, e incluso por los propios taxistas. El texto establece el registro de la empresa y las condiciones en que deben registrarse", dijo el presidente de la Comisión, Roberto Thompson.

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El documento, que se tramitará bajo el expediente 21.587, fue redactado por los diputados que integran el foro: Thompson, Karine Niño y Daniel Ulate, del Partido Liberación Nacional; Paola Vega y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana; Pablo Heriberto Abarca y Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana; Erick Rodríguez, diputado independiente y Giovanni Gomez, Restauración Nacional.

"Este proyecto busca la mayor justicia para todas las partes", comentó Vega.

Los diputados escucharán igualmente la opinión de los protagonistas sobre este tema, por si deben realizarse algunas modificaciones.

También pedirán darle al proyecto una vía rápida dentro del Congreso.