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El sector médico impulsa el crecimiento del régimen especial de la producción, que no merma con la crisis del Covid-19 y sus efectos en Costa Rica y el mundo.

Con impulso de la manufactura médica, régimen de zona franca creció 12,8% en marzo pese al Covid-19

​El Banco Central afirma que los regímenes de zona franca han logrado continuar con un crecimiento de dos dígitos por dos motivos: la fabricación de insumos médicos y la prestación de servicios de consultoría que no se han visto mermados por la crisis que ha traído el nuevo coronavirus.

Las empresas en el régimen de zona franca mantuvieron un crecimiento de dos dígitos en su índice de actividad económica (IMAE) del mes de marzo, a pesar del golpe que ha representado la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) para la economía nacional e internacional.

Según explicó el Banco Central, el crecimiento se explica por dos factores: "la fabricación de implementos médicos por parte de las empresas manufactureras y el aumento en la prestación de servicios de consultoría en gestión, apoyo a empresas e informáticos".

Ambas situaciones responden a la pandemia del Covid-19, que ha mantenido en jaque a la mayoría de los sectores productivos restantes.

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Así lo escribió el emisor en su última actualización del IMAE, publicada la mañana de este miércoles. En ella, las empresas ubicadas en regímenes "especiales" reportaron crecimientos de 12,8% para el mes de marzo y del 11,4% para los últimos 12 meses.

El régimen especial incluye a empresas en zonas francas y de perfeccionamiento activo. Ambas se caracterizan por operar con incentivos fiscales y representan un 10% de la producción del país. No obstante, la mayor parte de esa producción se dirige al mercado externo.

Las condiciones favorables en zonas francas se contraponen con el panorama del restante 90% de la producción nacional, que se acumula en el régimen definitivo.

En el mes de marzo, este sector más bien decreció un 1,1% y, según recogió el BCCR, ese comportamiento representa "la mayor disminución desde septiembre de 2009", en plena crisis internacional.

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Según describió el emisor, la caída se explicó "principalmente por la disminución en la construcción, en los servicios de alojamiento (hoteles), servicios de comida y bebidas (restaurantes) y en la educación pública. Estas tres últimas actividades fueron afectadas directamente por el Covid-19", detalló el emisor.

El IMAE es un indicador de corto plazo, que estima la evolución de la producción por sector, mensualmente.

Actividad económica golpeada

En su análisis, el Central afirma que las medidas de restricción y de confinamiento son necesarias para evitar una crisis sanitaria; sin embargo, subraya que han tenido "fuertes implicaciones sobre la actividad económica del país".

"Así, la producción del país en marzo de 2020 creció 0,9% respecto al mismo mes del año previo, para una desaceleración interanual de 0,5 puntos porcentuales (p.p.). Este crecimiento es el menor desde noviembre de 2009, momento en el cual la economía enfrentó las secuelas de la crisis financiera internacional de 2008-2009", afirmó la entidad.

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Asimismo, el emisor señaló que le proceso de recuperación de la actividad económica que el país venía mostrando en los últimos meses, después de la puesta en marcha de la última reforma fiscal, pisó un freno con la pandemia.

Según el Central, uno de los principales golpes que sufrió el país fue la caída en los indicadores relacionados con el turismo, que impactó a distintas actividades relacionadas por su "efecto amplificador". El Central destacó encadenamientos con servicios de transporte, construcción, bebidas, alimentos diversos, servicios de seguridad, telecomunicaciones y servicios financieros.

Además, el Central destacó reducciones importantes en la producción de servicios de comercio, transporte y educación pública, ante las restricciones sanitarias impuestas.

Esta desaceleración ya golpea al sector empleado y a las propias arcas estatales, que estiman una caída en sus ingresos por ¢975.000 millones, ante la contracción económica prevista, la pérdida de puestos laborales y empresas, y las moratorias aprobadas para las empresas en materia de impuestos.