¢139.000 millones en daños sociales por caso del cemento chino en el Popular, reclama Procuraduría

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) reclamará ¢138.951 millones por los daños sociales ocasionados por una supuestos hechos de corrupción en el caso del cemento chino y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC).

Esa información la dio este jueves el procurador Clarencio Bolaños Barth a los medios de comunicación presentes a su entrada a la audiencia preliminar correspondiente al expediente 17-000013-0033-PE que se desarrolla en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en Goicoechea. La misma fue posteriormente confirmada a AmeliaRueda.com por la oficina de prensa de la Procuraduría General de la República.

La pretensión de la oficina anticorrupción de la Abogacía del Estado se incluyó en una acción civil resarcitoria, en la que se demandó a nueve personas, entre ellas el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas. De igual manera, se demandó solidariamente a las compañías Sinocem Costa Rica S.A., Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A., JCB Constructora y Alquiler S.A. y JCB Distribuidora S.A.

Lea: Acusan a Bolaños, exgerentes de Sinocem y 5 empleados del Banco Popular por caso de cemento chino

El resto de personas a las que se les hace el reclamo son una mujer de apellidos Suárez Aguiar, dos exgerentes de Sinocem de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga, así como cinco exfuncionarios de la entidad financiera de apellidos Bogantes Brenes, Gómez Barrantes, Thompson Camacho, Delgado Negrini y Arias Silesky.

A los nueve, la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República les atribuye 20 cargos de influencia contra la Hacienda Pública, detalló el 14 de febrero de 2020 la entonces jefa del Ministerio Público, Emilia Navas Aparicio. A Gómez Barrantes, Bogantes Brenes, Delgado Negrini y Arias Silesky se les achacan otros seis delitos de falsedad ideológica.

El detalle de los hechos será dado a conocer por primera vez la mañana de este jueves en la audiencia preliminar, cuando el fiscal José Pablo Miranda Hurtado haga su exposición ante el órgano jurisdiccional. Posteriormente, Bolaños Barth leerá la acción civil y en los próximos días se escuchará a las defensas de los nueve encartados.

Sin embargo, en ocasiones previas, el órgano acusador adelantó que en la investigación se lograron determinar acciones de los sospechosos para lesionar patrimonio de interés público, a través de apertura de una línea crediticia para la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB para importar cemento chino.

Lea: Por irregularidades en crédito de $5 millones a Bolaños, Fiscalía allana Banco Popular

De acuerdo con la pesquisa, Bolaños Rojas habría recibido un crédito de $5 millones en el 2015 por parte del Banco Popular, aunque en circunstancias consideradas como "irregulares" por la Fiscalía. Incluso por estos mismos hechos, Navas Aparicio ordenó el allanamiento del Banco Popular el 14 de marzo de 2018.

"Tenemos la determinación a nivel contable que el dinero no fue utilizado para la importación del cemento y fue desviado para otros fines de las empresas de Juan Carlos Bolaños Rojas y gastos personales, incumpliendo el fin", aseveró Miranda Hurtado cuando se formalizó la acusación.

Una vez terminada la audiencia preliminar, el Juzgado Penal deliberará si ordena la apertura de un juicio o no por el caso en cuestión.

La influencia contra la Hacienda Pública refiere al momento en el que un funcionario público o sus equiparados intervienen en cualquier forma para producir un resultado determinado que afecte los intereses de la Hacienda Pública, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Esa norma además castiga el ilícito con entre dos y ocho años de prisión.

Lea: Rechazan solicitud de Fiscalía para que Juan Carlos Bolaños vuelva a prisión

Por otra parte, la falsedad ideológica tiene que ver con insertar declaraciones falsas en un documento público, del que pueda resultar un perjurio. El numeral 367 del Código Penal sanciona ese delito con entre uno y seis años de cárcel.

Bolaños Rojas fue detenido el 3 de noviembre de 2017 como sospechoso de los delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito, en el caso del cemento chino que involucra el otorgamiento de otra línea de crédito por más de $30 millones del Banco de Costa Rica (BCR).

Desde ese momento, el empresario estuvo en los centros penitenciarios de San Sebastián, en San José, y La Reforma, en Alajuela; hasta el 28 de octubre de 2018, cuando fue traslado a la cárcel del Adulto Mayor. No obstante, el 29 de abril de 2018 el encartado logró cambiar esas medidas y que se le pasara a arresto domiciliario, el cual cumple hasta la fecha pesar de varias apelaciones por parte de Fiscalía.

Nota del redactor: Esta publicación fue ampliada a las 11:30 a.m. del 2 de setiembre de 2021.