Asamblea acuerpa informe que señala a expresidente Solís por hueco fiscal de ¢900 mil millones

El informe de mayoría que realizó la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público sobre la investigación por el hueco presupuestario de alrededor de ¢900 mil millones, que habría sido heredado por la administración del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, fue aprobado este lunes por la Asamblea Legislativa.

El texto contó con el apoyo de 40 diputados. Mientras que, en contra votaron nueve, todos ellos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Los legisladores discutieron desde las 3:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. sobre el documento, presentado el pasado 23 de abril.

"Esta gestión hacendaria poco transparente fue lo que fomentó el ambiente para que se provocara el hueco presupuestario. La mala planificación hacendaria, la falta de transparencia y la vulneración de los principios rectores de la hacienda pública (con complicidad) del máximo jerarca don Helio Fallas, quien pasará a la historia no solo por este hueco, sino también por la pésima gestión hacendaria que hizo", afirmó la diputada Yorleny Marchena, de Liberación Nacional, sobre el hueco presupuestario.

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Una de las legisladoras que salió en defensa de Solís fue Paola Vega, del PAC.

"Aquí nadie se ha robado nada. Es un pago de deuda sin autorización presupuestaria y eso no tiene que ver nada con la corrupción como ha pasado con algunos presidentes que los hemos visto hasta en la cárcel", aseguró la oficialista.

Por su parte, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, señaló que los tribunales decidirán sobre la responsabilidad penal, pero que es innegable que provocar un hueco fiscal al no enviar no enviar los presupuestos extraordinarios es un acto inconstitucional.

El informe

El documento entregado por la comisión señala "implicaciones civiles y penales" del exmandatario, su exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas; la exviceministra y tesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez; la directora nacional de Presupuesto, Marjorie Morera González; el exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza Rodríguez; y su sucesor, Melvin Quirós Romero.

Sobre Solís, el informe detalla un supuesto incumplimiento de los artículos 140, 148, 149, 177 y 180 de la Constitución Política; 108, 110, 112 y 114 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos; 3, 4 y 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; y 338 y 363 del Código Penal.

Específicamente se le atribuyen los delitos de violación al deber de probidad, abuso de autoridad y malversación de fondos, entre otros.

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Actualmente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tiene abierta una investigación contra ignorado por ese caso. La misma se efectúa en el expediente 18-000143-1218-PE, según lo dio a conocer AmeliaRueda.com el 17 de octubre de 2018.

La pesquisa permanece en la etapa de recolección y análisis de prueba para determinar si existe o no delito y, tal y como se informó en esa ocasión, conforme avancen las diligencias se determinará quién o quiénes figurarían como imputados.

En esa fase deberá incluirse la prueba recolectada por el foro de la Asamblea Legislativa.

A su vez, el documento solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que inhabilite por al menos cuatro años a Solís, Fallas y Cubillo. Al Ministerio de Hacienda, por otra parte, le pide abrir procedimientos administrativos para investigar a los departamentos involucrados en la confección del presupuesto para ubicar a los responsables del faltante.

El informe fue elaborado y respaldado por el diputado independiente Prendas; Yorleny León Marchena, Luis Fernando Chacón Monge y Franggi Nicolás Solano, del Partido Liberación Nacional (PLN); Pedro Muñoz Fonseca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Xiomara Rodríguez Hernández, del Partido Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas Víquez, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y Érick Rodríguez Steller, independiente.

Por su parte, la congresista Paola Vega Rodríguez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), votó en contra del documento y presentó uno de minoría.

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La existencia del vacío presupuestario salió a la luz el 31 de julio de 2018 cuando el Ministerio de Hacienda, ya encabezado por Rocío Aguilar Montoya, remitió al Congreso un presupuesto extraordinario por ¢600 mil millones para el pago de deuda interna.

Esa partida adicional fue requerida debido a que los montos incluidos en el Presupuesto Nacional de 2018 resultaron insuficientes porque las colocaciones de títulos de valores de corto plazo que se dieron en 2017 se hicieron antes de que se formulara la estimación de ese año.