Comisión legislativa señala a expresidente Solís por hueco fiscal de ¢900 mil millones

La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público dictaminó la tarde de este martes un informe de mayoría sobre su investigación por el hueco presupuestario de alrededor de ¢900 mil millones que habría sido heredado por la administración del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera.

El documento señala -según la intervención del presidente del foro, Jonathan Prendas Rodríguez- "implicaciones civiles y penales" del exmandatario, su ex vicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas; la ex viceministra y tesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez; la directora nacional de Presupuesto, Marjorie Morera González; el exdirector de Crédito Público, Julio Espinoza Rodríguez; y su sucesor, Melvin Quirós Romero.

Sobre Solís, el informe detalla un supuesto incumplimiento de los artículos 140, 148, 149, 177 y 180 de la Constitución Política; 108, 110, 112 y 114 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos; 3, 4 y 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; y 338 y 363 del Código Penal.

Específicamente se le atribuyen los delitos de violación al deber de probidad, abuso de autoridad y malversación de fondos, entre otros.

Actualmente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) tiene abierta una investigación contra ignorado por ese caso. La misma se efectúa en el expediente 18-000143-1218-PE, según lo dio a conocer AmeliaRueda.com el 17 de octubre de 2018.

La pesquisa permanece en la etapa de recolección y análisis de prueba para determinar si existe o no delito y, tal y como se informó en esa ocasión, conforme avancen las diligencias se determinará quién o quienes figurarían como imputados.

En esa fase deberá incluirse la prueba recolectada por el foro de la Asamblea Legislativa.

A su vez, el documento solicita a la Contraloría General de la República (CGR) que inhabilite por al menos cuatro años a Solís, Fallas y Cubillo. Al Ministerio de Hacienda, por otra parte, le pide abrir procedimientos administrativos para investigar a los departamentos involucrados en la confección del presupuesto para ubicar a los responsables del faltante.

El informe fue elaborado y respaldado por el diputado independiente Prendas; Yorleny León Marchena, Luis Fernando Chacón Monge y Franggi Nicolás Solano, del Partido Liberación Nacional (PLN); Pedro Muñoz Fonseca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Xiomara Rodríguez Hernández, del Partido Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas Víquez, del Partido Republicano Social CristianO (PRSC) y Érick Rodríguez Steller, independiente.

Por su parte, la congresista Paola Vega Rodríguez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), votó en contra del documento y presentó uno de minoría.

La presentación del informe se dio en momento en los que el Salón de Expresidentes del edificio Cuesta de Moras, se apresta a develar el retrato de Solís.

Investigación legislativa

La existencia del vacío presupuestario salió a la luz el 31 de julio de 2018 cuando el Ministerio de Hacienda, ya encabezado por Rocío Aguilar Montoya, remitió al Congreso un presupuesto extraordinario por ¢600 mil millones para el pago de deuda interna.

Esa partida adicional fue requerida debido a que los montos incluidos en el Presupuesto Nacional de 2018 resultaron insuficientes porque las colocaciones de títulos de valores de corto plazo que se dieron en 2017 se hicieron antes de que se formulara la estimación de ese año.

Lea: Gobierno pide al Congreso presupuesto adicional de ¢600 mil millones para pagar deuda interna.

Para ese momento, se calculó que durante el segundo semestre del 2017 se colocaría un total de ¢292.700 millones a corto plazo.

"No obstante, en dicho semestre se realizaron colocaciones de ese tipo por un total de ¢891.700 millones, con vencimiento en el 2018, sobre todo para cubrir los faltantes de liquidez en el último trimestre del 2017, producto del recurrente déficit fiscal de los últimos años. Esto generó una diferencia de ¢599.000 millones respecto a las previsiones con las que se aprobó el presupuesto de este año", justificó la cartera el 31 de julio de 2018 en un comunicado.

Posteriormente en una entrevista en el espacio radiofónico Matices, la ministra de la cartera adelantó que sería necesario presentar un segundo presupuesto extraordinario por ¢300 mil millones debido a que el crecimiento de la economía fue menor -a lo que se le conoce como desaceleración- en el primer semestre del 2018 al que se preveía incluso en el programa macroeconómico 2017 del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y, por ende, la recaudación fue menor a la inicialmente proyectada.

El antecesor de Aguilar, Helio Fallas Villegas, responsabilizó para ese momento a la falta de una reforma fiscal por el agujero presupuestario.

Lea: Exministro de Hacienda culpa a falta de reforma fiscal por hueco de ¢600 millones en presupuesto.

La poca certeza respecto al manejo de las finanzas públicas motivó la apertura de una investigación en la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público, que citó a jerarcas y técnicos de la cartera para determinar si el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera conocía o no del faltante.

Ello motivó la segunda convocatoria a audiencia del exmandatario para rendir cuentas bajo la fe del juramento

Defensa del exmandatario

El 20 de setiembre de 2018, el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera aseguró ante los diputados del foro que desconocía del hueco financiero de ¢900 mil millones que obligó a la administración sucesora a presentar una partida extraordinaria.

En su exposición, el exgobernante aseguró que la posibilidad de plantear un presupuesto adicional nunca le fue planteada y que durante el primer trimestre del 2018, el Ministerio de Hacienda intentó colocar un contrato de colocación de la deuda para hacer frente a las obligaciones presupuestarias.

La falta de certeza en el faltante de dinero para el presupuesto del 2018 es la justificación que dio el exmandatario.

Adicionalmente, el exgobernante aseguró que el equipo técnico de esa institución trabajó desde febrero anterior en la depuración para la elaboración de una eventual partida extraordinaria, no obstante, ese proceso no culminó hasta julio pasado cuando ya entró a funcionar el nuevo Gobierno de la República.

Solís aseguró que la presentación de una cifra estimada era imposible pues se trata de un proceso técnico que pasa por la Contraloría General de la República y el Banco Central de Costa Rica, que exige este sustento. Como evidencia, el exmandatario presentó nueve estimaciones de los montos necesarios para hacer frente al faltante en los cinco meses previos al final de su gobierno.

Pagos ilegales

El informe destaca que la actual administración realizó pagos por ¢182 mil millones sin la autorización requerida por ley, entre junio y julio de 2018; situación que contravienen la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública y la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

Sin embargo, los congresistas no consideraron en el documento que ello haya constituido un delito que deba investigar el Ministerio Público, para el pago de títulos a corto y largo plazo que estaban por vencer.

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"Es comprensible que esta eventualidad en los pagos sucede porque no hay una contingencia en el sistema automático de pago que permita detener los pagos o revisar la autorización legislativa para realizarlos, sin embargo, esto no desvirtúa la ilegalidad de los pagos ni la responsabilidad por parte de la o los encargados del Ministerio de Hacienda, tanto de la administración anterior por no ser precavidos, como de la actual al no verificar esta situación e incurrir en soluciones fuera del marco de la legalidad.

Por lo tanto consideramos que es estrictamente necesario que se sienten las responsabilidades pertinentes y se estudie crear un mecanismo para que eso no suceda en el futuro", puntualiza el informe.