Caso Cochinilla: abogados buscan cambio de medidas y reclaman que investigación no avanza

El caso Cochinilla que reveló la supuesta corrupción que rodea los contratos de contratación de obra pública en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) suma un nuevo capítulo; este lunes 17 de enero inició la audiencia de apelación de medidas cautelares, donde los abogados de los empresarios Mélida Solís y Carlos Cerdas, dueños de H. Solís y Meco, respectivamente, intentarán anular la ampliación de la prisión preventiva que ambos descuentan y lograr la liberación de sus clientes.

Los defensores de los empresarios coinciden en diversos, entre ellos, aseguran que mantener a Solís y Cerdas en prisión es "injusto" y "desproporcional". Además, reclaman que la Fiscalía no avanza en la investigación y que tras siete meses no se ha realizado ni una sola de las entrevistas a testigos establecidos como de interés para el proceso.

El abogado de la dueña de H. Solís, Francisco Campos, asegura que a este punto del proceso se ha logrado descartar que exista un perjuicio real de ¢78.000 millones causado por las empresas y que no existen argumentos suficientes para mantener a Mélida Solís en prisión, más aún tomando en cuenta, las complicaciones en su estado de salud.

"Consideramos que las circunstancias iniciales sobre las cuales se fijó una medida cautelar tan gravosa (prisión preventiva) para doña Mélida han variado y que ella debería, en este momento, gozar de la posibilidad de tener una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, eso es lo que venimos a demostrar al Tribunal", dijo Campos al explicar que ya se ha descartado que la empresaria sea responsable del "hueco" de ¢78.000 millones que menciona el expediente judicial y que, más bien se trata de atrasos en transferencias de dinero entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Conavi.

"No se le puede seguir atribuyendo a ninguna de las empresas y menos a doña Mélida el haber causado un daño patrimonial o una magnitud del daño como la que se ha venido afirmando de ¢78.000 millones", agregó el jurista al indicar que, incluso, en una audiencia anterior, un funcionario del Ministerio Público reconoció las dudas sobre el monto establecido en el expediente.

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Por su parte, el abogado del dueño de Meco, Rodrigo Arias, se sumó a la disconformidad de la medida de prisión preventiva que aún se mantiene para Carlos Cerdas.

El defensor dijo que existen otras medidas alternas que se pueden aplicar para seguir afrontando el proceso.

"La defensa ha sido enfática, la medida cautelar es desproporcionada y se aleja considerablemente de principios que forman un sistema democrático. Consideramos que la prisión preventiva es absolutamente innecesaria, tomando en cuenta que el ordenamiento jurídico costarricense contempla un catálogo de medidas atenuadas que bien podrían ser de aplicación en el caso en concreto", dijo Arias.

La apelación que se realiza desde este lunes y hasta el viernes de enero 21 rechaza la decisión de anunciada en octubre anterior, donde se determinó ampliar por cinco meses más todas las medidas cautelares de los involucrados en el caso Cochinilla, incluyendo la prisión para Solís y Cerdas, únicos detenidos del caso.

El abogado del empresario asegura que al concluir este proceso de audiencia se espera lograr revertir la medida y permitir la liberación de Cerdas con alguna medida alterna, reitera que todo el proceso tiene diversos "errores" y los reclamos que se realizan son "serios y puntuales": "perfectamente don Carlos puede enfrentar el proceso sin mantener restringido su derecho fundamental a la libertad de tránsito", indicó.

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Sin avance

Ademas de hacer el reclamo por la medida cautelar impuesto y vigente hasta el 26 de marzo próximo, los abogados reclaman a la Fiscalía por la falta de avance en la investigación del caso Cochinilla.

Ambos defensores aseguran que cuando un proceso involucra personas detenidas, las pericias deberían ser más expeditas, lo cual no ha ocurrido en este caso. Por el contrario, a más de siete meses desde las detenciones, el Ministerio Público aún no avanza en la entrevista de las 15 personas establecidas como testigos de interés, entre las que figuran nueve funcionarios del Conavi, tres del MOPT y un empresario. Además, se incluye dos exfuncionarios, ambos ya pensionados, uno del Conavi y otro del MOPT.

Esta lista de "testigos de interés para la investigación" se dieron a conocer en el proceso durante las audiencias realizadas en octubre anterior, sin embargo, ninguno de ellos ha sido entrevistado.

"El avance del expediente ha sido poco célere tratándose de una causa penal que cuenta con personas detenidas. Lo esperable, en un sistema democrático y de derecho, es que la causa avance con celeridad, que se de preferencia en ciertas diligencias que deben ser realizadas en relación con causas penales que no cuentan con persona detenida.

"En este caso, el avance, prácticamente desde el pasado 14 de junio del 2021, cuando se llevan a cabo las detenciones de algunas personas y los allanamientos, el avance ha sido prácticamente nulo... se dio a conocer una lista de cerca de 15 testigos de cargo y al día de hoy no se ha recabado la entrevista de uno solo de estos testigos y eso pone en evidencia el mal uso del tiempo por parte del órgano acusador del Estado teniendo en cuenta que hay personas detenidas", dijo el abogado del dueño de Meco, Rodrigo Arias.

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El defensor dijo que Carlos Cerdas se encuentra bien de salud, e incluso, asistió este lunes a la audiencia y estará presente toda la semana.

Caso contrario es el de Mélida Solís, que desde el momento de la detención ha mostrado problemas de salud que le impiden presentarse en las audiencias para evitar aumentar su "estrés carcelario".

El abogado de la empresaria, Francisco Campos, lamenta que todos los procedimientos que se han llevado a cabo para buscar medidas alternas se hayan atrasado tanto y ponen en riesgo la salud de la dueña de H. Solís.

"Estamos caso igual que al inicio, simplemente se han terminado de indagar a algunas personas y prácticamente hemos estado conociendo actividades procesales defectuosas, recursos de apelación y realmente la investigación, al día de hoy, no hay nada nuevo.

"(Mélida Solís) ha tenido problemas serios en cuanto al manejo de su presión arterial y eso se le ha hecho ver en distintos escritos al juzgado. Ella ha mantenido, desde el día que está presa, producto del estrés carcelario, una presión arterial muy muy alta, lo cual es una complicación adicional en sus padecimientos", dijo Campos al explicar que ya se han aportado dictámenes de salud y otros argumentos que aún deben ser analizados por las autoridades judiciales.

El caso Cochinilla revela la supuesta existencia de un grupo criminal creado entre empresarios y funcionarios de Conavi, quienes a cambio de todo tipo de dádivas facilitaban información privilegiada, agilizaban pagos de facturas y daban un trato preferencial en los procesos de contratación de obra pública.

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