Garante ético recomendó frenar contrato a favor de primo de ministro de Comunicación

La inconveniencia de que Presidencia siguiera adelante con la contratación de una empresa propiedad de un familiar del ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, fue la primera recomendación que el garante ético, José Manuel Arroyo, dio al gobierno.

Así lo dio a conocer el consejero nombrado por el presidente Carlos Alvarado, integrante de un grupo que se convirtió en una de las promesas de campaña del ahora mandatario.

El caso se dio a conocer el pasado 19 de septiembre durante una comparecencia donde el jerarca de Comunicación y el de la Presidencia, Rodolfo Piza, fueron llamado al Congreso para defender la partida presupuestaria del 2019. En esa audiencia, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales, destacó la intención de prorrogar un contrato de la empresa COES Comunicación Siglo XX S.A. (cuyo representante legal es familiar de Mendoza).

Ante esta situación, el garante ético entró a analizar el caso y determinó que lo mejor era dar marcha atrás con el proceso.

"Al ser consultados, le hicimos ver al señor presidente que, aunque don Juan Carlos no había tenido absolutamente nada que ver en la contratación, ya que él ocupaba un cargo en la Presidencia y es una empresa que los asesora pues lo conveniente era hacer un cambio para que esto no fuera materia de dudas", comentó Arroyo a AmeliaRueda.com.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia señaló que se han dado otros criterios sobre actuaciones del Poder Ejecutivo, sin embargo, destacó este como el más relevante hasta la fecha en su labor.

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Inconveniencia

El ministro de Comunicación dijo a AmeliaRueda.com que no había sido informado sobre este criterio emitido por el grupo de garantes éticos, sin embargo, señaló que comparte el criterio.

"Yo concuerdo en que no era conveniente mantener el contrato y por eso los esfuerzos que se hicieron siempre fueron en función de generar una nueva licitación", externó Mendoza.

Como lo dijo en su momento ante los cuestionamientos del diputado Viales, el jerarca insistió en que él no tuvo nada que ver en la adjudicación de la empresa de su familiar pues la fecha de inicio del contrato fue el 23 de noviembre del 2016 y la prórroga realizada por la administración anterior concluyó el pasado 31 de agosto, por lo que no se encontraba en el cargo que actualmente desempeña dentro de Casa Presidencial.

En cuanto a la existencia de incompatibilidad legal por el grado de consanguinidad con el representante de la empresa, Mendoza se remitió al criterio MC-JM-009-2018 del Grupo de Apoyo Legal Presidencial que señala que no existe ninguna prohibición. Una consulta similar se remitió a la Contraloría General de la República (CGR) que concluyó lo mismo.

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Mendoza aseguró que aunque contaba con este respaldo, solicitó a su equipo llevar a cabo una nueva contratación para despejar las dudas, sin embargo, un atraso en el cartel de licitación obligó a buscar la ampliación del contrato vigente con COES Comunicación Siglo XX S.A.

Todos estos argumentos los presentó el ministro de Comunicación en el oficio MC-JM-149-2018 a la Procuraduría de la Ética Pública para su valoración. El mismo documento le hizo llegar a los garantes éticos luego de la consulta de este medio.

Cabe destacar que de igual manera la comisión legislativa que analiza el proyecto de Presupuesto Nacional decidió eliminar mediante moción la partida destinada para el monitoreo de medios aduciendo que es un gasto superfluo.

Mendoza indicó que esta situación afecta el funcionamiento del Ministerio, sin embargo, se adecuarán a las disposiciones del Congreso.

Los garantes éticos tiene ahora entre manos analizar los cuestionamientos en contra de la canciller de la República, Epsy Campbell, por nombramientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Arroyo señaló que ya tiene un criterio, sin embargo, debe cotejarlo con los nuevos integrantes del grupo consejero: el escritor Quince Duncan y la expresidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), Margarita Bolaños. Estos últimos vinieron a sustituir a los exdiputados Margarita Penón, Rodrigo Alberto Carazo y Ottón Solís, quienes renunciaron aduciendo motivos personales o para ocupar otros cargos.

Los garantes éticos se reunirán con el presidente cada tres meses y analizarán casos que Alvarado les solicité o el que ellos consideren oportuno emitir una recomendación.