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​Desde diciembre hasta abril de 2021, el gobierno tendrá la potestad de convocar proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Pese a dar respaldo, Gobierno excluyó Acuerdo de Escazú de convocatoria a sesiones extraordinarias

​Desde diciembre hasta abril de 2021, el Ejecutivo tiene la potestad de convocar proyectos de ley en la Asamblea Legislativa

Pese a que varios jerarcas del Gobierno manifestaron su apoyo a la ratificación del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo no convocó este proyecto de ley a la Asamblea Legislativa durante las sesiones extraordinarias.

Este tratado internacional buscaría dar acceso a participación e información de proyectos con impacto ambiental. Además, otorgaría una protección especial para los defensores del medio ambiente.

El ministro de Comunicación, Agustín Castro, indicó a AmeliaRueda.com desde el pasado 20 de noviembre que la prioridad sería convocar proyectos de ley relacionados con el diálogo multisectorial.

“Es muy claro que (la agenda de las sesiones extraordinarias) va a tener un acento muy fuerte en los acuerdos del diálogo multisectorial. Ese es un compromiso que el Gobierno asumió”, indicó Castro.

Este fue el caso de proyectos como el de reducción de la deuda política en 2022 y el recorte al combustible de diputados, los cuales sí fueron convocados como parte del acuerdo del diálogo multisectorial.

Lea: Por “obligaciones excesivas”, Cámara de Industrias pidió a diputados no ratificar tratado ambiental

Aún así, Castro señaló que este sería el enfoque “al menos en un principio”. “Una vez que se conozcan los acuerdos del diálogo multisectorial, se verá qué proyectos complementan”, añadió.

Debido a una reciente reforma constitucional, las sesiones extraordinarias durarán desde el 1 de diciembre hasta el 31 de julio. Estas son el periodo en que el Poder Ejecutivo puede convocar proyectos de ley para que los diputados voten.

Costa Rica lideró la creación del Acuerdo de Escazú hace dos años. Pero, desde entonces, no lo ha ratificado por ley, algo que lo dejó por fuera del llamado “primer grupo” de países en ratificar.

Varios jerarcas del Gobierno; sin embargo, manifestaron su respaldo e incluso publicaron fotos con el hashtag “Escazú ahora”. Entre ellos estuvieron la ministra de Ambiente, Andrea Meza, y la vicepresidenta de la República, Epsy Campbell.

El Gobierno de la República está absolutamente comprometido con la pronta ratificación de este importante instrumento.

— Epsy Campbell Barr (@epsycampbell) November 19, 2020

Presión de empresarios

Tanto la Cámara de Industrias como la Unión de Cámaras Empresariales (Uccaep) manifestaron su oposición al acuerdo ambiental e incluso enviaron cartas a diputados solicitando no votar afirmativamente el proyecto.

Ellos dijeron que el acuerdo crea “obligaciones excesivas e irrazonables” que afectarían la reactivación económica. Las cámaras incluso aseguraron que, por “especulación” de daño ambiental, este acuerdo podría llegar a “paralizar” proyectos.

Algunos diputados; sin embargo, rechazaron esta acción. Por ejemplo, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, pidió a los empresarios reconsiderar su posición.

“Insto a esta cámara empresarial y sus agremiados a que consideren los beneficios de adoptar este Acuerdo ante la gran tarea de crear las condiciones para una sostenibilidad ambiental del Planeta”, dijo la diputada a AmeliaRueda.com.

Otros diputados de oposición como los liberacionistas Karine Niño, Roberto Thompson y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, también manifestaron su apoyo a la ratificación de este acuerdo.

Por su parte, la diputada oficialista, Paola Vega, fue más tajante y aseguró que “es lamentable que la Cámara de Industrias utilice una campaña de miedo en torno al Acuerdo de Escazú”.

“La tendencia mundial ha cambiado considerablemente. Más bien, los principios de economía verde, de empleos verdes y una reactivación sostenible son los que se están impulsando con mucho mayor rédito económico”, aseguró Vega a AmeliaRueda.com.

Lea: Acuerdo de Escazú: Costa Rica cumple dos años sin ratificar su propio tratado ambiental

Alcance del Acuerdo

Para el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica (UCR), Nicolás Boeglin, la oposición de empresarios que ha enfrentado el Acuerdo de Escazú en Costa Rica es muy similar a la de otros países.

En Colombia, por ejemplo, la presión empresarial ha evitado que el país ratifique el acuerdo. Entre los argumentos, las cámaras colombianas dijeron que “se hará imposible cualquier proyecto de desarrollo en el país”, un argumento similar al de los industriales costarricenses.

Colombia justamente fue el país con más asesinatos a ambientalistas en 2019, según un informe de la organización Global Witness. Sólo en ese año, 64 defensores del ambiente fueron asesinados en el país.

En general, Latinoamérica es la región más violenta del mundo contra los ambientalistas. De todos los asesinatos a defensores del ambiente en el mundo durante 2019, dos tercios sucedieron en América Latina, según el reporte de la entidad internacional.

El Acuerdo de Escazú aportaría una protección adicional para que los defensores del ambiente puedan acceder a justicia ambiental, según explicó Boeglin.

En Costa Rica, este informe contabilizó un asesinato en 2019: el de Sergio Rojas, defensor de las tierras indígenas. Hasta el momento, el crimen permanece impune e incluso los fiscales pidieron desestimar el caso el 24 de septiembre anterior.

La Relatoría de Derechos Humanos de la ONU expresó “grave preocupación” por la impunidad del asesinato de Rojas.