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Juzgado condena a CasasVita a devolver más de $25 mil por incumplir contrato en proyecto de vivienda

Afectado presentó reclamo en un proceso de defensa del consumidor porque inmobiliaria le dijo arbitrariamente que había perdido el dinero correspondiente a la prima de una casa

El Juzgado Civil de Heredia condenó al Grupo Empresarial CasasVita S.A. a devolver más de $25 mil por incumplir un contrato en su proyecto de vivienda Los Arcos. Esta es la primera de al menos 70 demandas civiles que se ingresaron contra la inmobiliaria en el último año.

De acuerdo con el abogado penalista a cargo del caso, Mario Valverde Brenes, el voto 2018-000331 obliga a la empresa a devolver una prima ya cobrada a un cliente que supera los ¢14 millones y a pagar otros ¢3.5 millones por daños y perjuicios. No obstante, a criterio del experto en Derecho, la sentencia no es ejecutable, ya que la compañía no tiene bienes que le puedan ser embargados.

El afectado presentó un reclamo en un proceso de defensa del consumidor porque CasasVita arbitrariamente le dijo que había perdido el dinero ya desembolsado porque supuestamente había incumplido el contrato al no poder localizarlo para hacerle un cobro de la parte restante del pago.

Valverde, representante legal de decenas de afectados que acudieron a las vías de lo civil y lo penal, dijo este jueves a AmeliaRueda.com que el hecho de que la sentencia fuese tan predecible le permitió al apoderado de la compañía, un empresario de apellidos Villagra Martínez, desmantelar su propia organización al tiempo que esta es "sólo un cascarón" sin patrimonio alguno.

"¿Qué es el problema que tenemos en este momento? Que debido a que el tema pasó de ser un asunto de incumplimiento contractual a una estafa pura y simple, entonces digamos que Villagra desmanteló su empresa al punto que CasasVita ya no existe como empresa, es sólo un cascarón nada más del que traspasaron fraudulentamente sus activos a otras empresas y ahora esta sentencia que tenemos a favor de mi cliente resulta ser inejecutable porque a pesar de que fueron condenados a cancelar esta suma, no existe forma de cobrarla porque no hay ningún bien que se le pueda embargar", explicó.

La condena de momento no está en firme, debido a que actualmente está abierto el plazo de apelaciones que se vence este viernes.

El abogado prevé que en los próximos días se repliquen sentencias similares, ya que la duración de un proceso civil es de aproximadamente un año.

Debido a lo anterior es que el especialista en Derecho apunta a acudir a la vía penal, que se encuentra en desarrollo, aunque rescata que esto tampoco se traduce en una garantía de que la devolución se hará efectiva, como indica a sus clientes.

Las oficinas de la empresa en Santa Ana y La Guácima, el despacho de un abogado en Heredia y dos viviendas en Santa Ana y San Rafael de Escazú, fueron allanadas el 22 de mayo por fiscales del Ministerio Público y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en relación al expediente 17-000354-1220-PE, seguido desde octubre contra la inmobiliaria.

Un día más tarde, Villagra, de 33 años, fue detenido tras presentarse a una indagatoria de la Fiscalía. El empresario permaneció detenido apenas unas horas en las celdas de la Policía Judicial antes de ser liberado sin la apelación del fiscal Jorge Alberto Araya Jiménez, quien posteriormente fue relevado del caso por orden de la fiscala general Emilia Navas Aparicio.

El especialista en derecho calculó a finales de mayo -cuando CasasVita había sido allanada y Villagra había sido detenido- que la estafa ascendía, al menos, a los $3 millones. "Sin embargo, hay muchos otros que los manejan otros colegas que están en expedientes diferentes o en el mismo expediente y yo creo que porcentualmente hablando son tal vez un 20 o 25 por ciento de la cantidad real de estafados", manifestó Valverde en ese entonces.

Semanas atrás, el Ministerio Público informó que, en apariencia, por medio de dos sociedades anónimas, Villagra, así como dos hombres de apellidos Vargas Ramírez y Murillo Sánchez y una mujer apellidada Solís Gómez, "habrían suministrado información engañosa" a al menos 30 ofendidos que "entregaron sumas de dinero por concepto de prima y adelanto para la compra de casa, dinero con el cual se financiaría la operación de la empresa".

Además, supuestamente se habría registrado la venta de una misma propiedad a más de una persona, lo que impide que una de ellas pueda disponer del inmueble por el que pagó, generando, al mismo tiempo, ingresos dobles a partir de un solo bien.

Por ejemplo, Valverde dice tener entre los afectados el caso de una mujer de 80 años que pagó $485 mil en efectivos por la compra de tres casas en el proyecto Los Arcos en Heredia y no recibió ninguna de las viviendas. También asegura que otra mujer que pagó a contado $172 mil por una estructura que estaba incluida en un fideicomiso de garantía que no se liberó de obligaciones por lo que el acreedor remató la casa.

Fotografía de Carolina Bello May.