Pescadores artesanales, cámaras turísticas y municipalidades piden veto a pesca de arrastre

Organizaciones de pescadores artesanales, cámaras turísticas y gobiernos locales pidieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar la ley que reactivaría la pesca de arrastre en Costa Rica.

Así lo manifestaron en una carta abierta publicada este 23 de octubre, en la cual piden el veto “porque el proyecto de ley recién aprobado no garantizará el desarrollo sostenible democrático en nuestras costas”.

En total, 117 organizaciones firmaron la carta; entre ellas 25 asociaciones pesqueras, 14 cámaras turísticas y 13 gobiernos locales. Entre las municipalidades firmantes, los 11 cantones de la provincia de Guanacaste piden el veto.

La Asamblea Legislativa aprobó este 22 de octubre en segundo debate un proyecto de ley que buscaría reactivar la pesca de arrastre en el país. Su efecto, sin embargo, no sería inmediato, sino que requiere de estudios que avalen la actividad.

Aún así, para la pesca artesanal, la reactivación de la pesca de arrastre es “una burla”, según indicó el presidente de la Cámara de Pescadores de Guanacaste, Martín Contreras, a Ameliarueda.com.

“Nos duele a nosotros escuchar en el plenario que se van a invertir ¢2.900 millones en estudios para restablecer 20 o 25 licencias, cuando con ese dinero podríamos hacer muchos proyectos de maricultura”, indicó el pescador.

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Otra de las organizaciones firmantes de la carta fue la Cámara de Turismo de Guanacaste (Caturgua). La pesca de arrastre podría afectar todavía más este sector, dijo el miembro de la junta directiva de Caturgua, César Gallardo.

“Si ahora vienen los turistas y no hay ballenas, por ejemplo, porque lo que se comen se ve afectado (por la pesca de arrastre), va a afectar la imagen y va a afectar el turismo”, aseguró Gallardo.

La Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional (UNA) también pidió el veto de la ley, asegurando que, ante la ausencia de información científica adecuada, no se puede retomar la actividad de arrastre.

Por su parte, el Colegio de Médicos Veterinarios también pidió al Ejecutivo "reconsiderar" la aprobación de la ley y aseguró estar "profundamente preocupado". "La pesca de arrastre traería consecuencias nefastas y daños probablemente irreparables a los ecosistemas marinos", dijo la presidenta del colegio, Silvia Coto.

Desde 2013 se dejaron de otorgar nuevas licencias de pesca de arrastre, tras un fallo de la Sala Constitucional. El tribunal pidió mayores estudios que avalen la actividad, debido a la sobreexplotación de los camarones.

Ahora, las organizaciones piden el veto del presidente Alvarado, quien cuenta con diez días hábiles a partir de la aprobación del proyecto de ley para efectuar un eventual veto. Alvarado dijo en 2017, durante la campaña presidencial, que se opone a la pesca de arrastre.

“Esperamos que cumpla con su palabra y con lo que él vio en ese momento. Vamos a hacer un acercamiento con Casa Presidencial”, dijo Gallardo.

Algunos diputados, entre ellos Roberto Thompson y Ana Karine Niño del Partido Liberación Nacional, también pidieron al presidente Alvarado el veto de la nueva ley de pesca camaronera.

Rechazo al arrastre

Tanto la cámara de pescadores como la de turismo lamentaron la aprobación de la actividad con poco sustento técnico. Los científicos todavía no saben, por ejemplo, cuánto camarón hay en el Pacífico de Costa Rica.

Gallardo, además, aseguró estar sorprendido por la cantidad de diputados ausentes a la votación (11), debido a la importancia de este asunto. “No les importó Costa Rica, ni el turismo, ni la sostenibilidad del país”, dijo.

“O existe y arruinamos todo lo que tenemos a favor de Costa Rica en este momento —la sostenibilidad, la amigabilidad con el ambiente— o no existe”, indicó el directivo de Caturgua.

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Por su parte, la Cámara de Pescadores de Guanacaste pidió al gobierno vetar la ley y construir una solución “con todas las partes involucradas”. Según dijeron, el proyecto actual sólo toma en cuenta al sector camaronero.

“Ese proyecto se debe construir con todas las partes involucradas: ambiental, social, semi-industrial, sociedad civil, universidades, que todos aportemos. No se vale que el proyecto lo construyan dos personas unilateralmente”, aseguró Contreras.

El propio Ministerio de Ambiente lamentó la aprobación de este proyecto, debido a su poco sustento científico. Aún así, en su declaración, la institución no se refirió a si recomendaría un eventual veto.

Entre los firmantes de la carta, 64 organizaciones de las 117 son parte del sector ambiental. La organización Marviva, por ejemplo, indicó que este proyecto no ayudará a resolver la pobreza de las costas.

“Este proyecto de ley generará inseguridad jurídica, ya que, tal y como lo reiteró la Sala Constitucional en su reciente voto, el eventual otorgamiento de licencias dependerá de que el Incopesca pueda realizar, en el plazo de un año, los estudios científicos pendientes”, dijo el director de la ONG, Jorge Arturo Jiménez.