Plan fiscal avanza hasta el plenario durante primer día de huelga sindical contra iniciativa

Mientras los sindicatos culminaron la primera jornada de una indefinida en contra de la reforma fiscal, el proyecto de ley consiguió este lunes un avance importante y está listo para pasar a su discusión en el plenario.

Tras días de discusión de arrancó con 876 mociones (más otras que se fueron adicionando), la comisión legislativa dictaminó de manera positiva el expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Dentro de los puntos álgidos de la negociación, el impuesto a la canasta básica fue uno de los protagonistas. En primera instancia el diputado verdiblanco Gustavo Viales se separó de su fracción y acompañó a las bancadas para rechazar el tributo.

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Sin embargo, la semana pasada y tras varias conversaciones con el Poder Ejecutivo y su propia bancada, el congresista sumó el votó necesario para revivir el gravamen, pero no del dos por ciento, como planteó el Ministerio de Hacienda inicialmente, sino en un uno por ciento. También se acordó que parte de ese dinero se destinará al fondo del régimen no contributivo de pensiones para personas de más escasos recursos.

Este cambio no cayó bien en las bancadas del PRN, el FA y el PIN que consideraron una regresión este acuerdo entre el PAC, PUSC y PLN, así como un golpe económico para las familias pobres.

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No obstante, como en toda negociación hay una de cal y otra de arena, lo que sí lograron Restauración, Integración Nacional y el Frente Amplio fue volver a exonerar de impuestos a la educación privada, en esta ocasión con la venia de la Unidad.

Otro punto central del expediente dictaminado es el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 13 por ciento a los servicios profesionales que no han sido tasados, con excepciones para la canasta básica, la educación y los medicamentos, que tendrían un tratamiento distinto.

La salud privada, por su parte, tendría una tasa del cuatro por ciento con una devolución si se paga vía electrónica.

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Los sindicatos reclaman que los puntos contenidos en el expediente afecta directamente a la clase trabajadora y a las personas más pobres del país, por lo que su aspiración es que se retire de la corriente legislativa y se instaure una mesa de negociación donde se construya una propuesta que los incluya.

Sin embargo, tanto las bancadas legislativas como el Poder Ejecutivo pretenden seguir su norte y avanzar hasta la aprobación del expediente 20.580, el cual deberá pasar en los próximos días a discusión en el plenario.

Esta situación genera un punto de inflexión por parte de las organizaciones sindicales que exigen el retiro del proyecto de la corriente legislativa y que se archive. También, pretenden que se convoque a una mesa de diálogo con diferentes sectores para construir una nueva propuesta.