Proyecto para poner tope a tasas de interés encuentra oposición en el Congreso

El proyecto de ley 20.861, que busca poner topes de las tasas de interés, encontró oposición dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa este miércoles.

Diputados como Jonathan Prendas, Manuel Avendaño y Otto Roberto Vargas cuestionaron la iniciativa ampliamente mientras se debatían las mociones.

"Nosotros creemos que debe existir una tasa tope que marque dónde comienza la usura (práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo), esto para nosotros es importante. Sin embargo, lo que hemos señalado es que se tiene que dar en una forma técnica o como lo decía el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica que se establezca mediante una forma científica, suficientemente rigurosa", afirmó Avendaño.

Los diputados aprobaron el martes una moción que establece una metodología para los topes de crédito, el cual quedó en un porcentaje máximo de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero nacional. Es decir, se limitaría en 30,18 por ciento los intereses para préstamos en colones y un 15,45 por ciento para los que son en dólares.

Actualmente, las tarjetas de crédito cobran por ejemplo intereses entre 40 y 50 por ciento anual.

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El diputado del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, alegó que con el proyecto se va a dar exclusión financiera, una de las razones en las que se apegó tanto el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, como la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para objetar la iniciativa.

"En las tarjetas hasta cierto día hay 45 días para pagar sin intereses; después de eso si no paga el mínimo paga intereses, no se les está regalando la plata a nadie y hay que seguir apalancando a un montón de gente. Entonces si estamos viendo de que todo es un mismo saco de dinero y que hay que apalancar entre todos con los intereses pues encontremos el equilibrio para que no sea de usura, pero vamos hacer exclusión", dijo Prendas.

De la misma manera, el legislador Otto Roberto Vargas afirmó que muchas veces estos créditos terminan siendo la única oportunidad que tienen las personas para comprar o adquirir algún producto que necesiten.

"Hay un muchacho que adquirió un financiamiento para una scooter, ahora con eso puede hacer cobros en la día y repartir comida en la noche; así que ese financiamiento aunque fuera con una tasa de interés alta le da el sustento para mantener a su familia y pagar la cuota. ¿Quién le iba a prestar a ese muchacho, que no reúne las condiciones y no tiene un trabajo estable? Vendemos humo, le decimos a la gente que va a pagar menos, pero hay que ver las consecuencias, vamos a dejar un sector vulnerable", aseguró.

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Apoyo

El proyecto, mientras tanto, tiene el apoyo de otros diputados como María Vita Monge, Welmer Ramos, José María Villalta, David Gourzong, entre otros.

Ellos respaldan que la iniciativa busca establecer lo que es la usura en el país y además traer sanciones.

"Hay que dignificar a todos los costarricenses, estas tasas tan altas plantean también unos conflictos sociales en las familias, se destruyen familias. Tenemos que seguir firmes con el proyecto a las tasas de usura, no debemos permitir que los bancos nos intimiden, porque con los topes que se están poniendo tienen suficientes ganancias", dijo Monge.

Villalta criticó a posición de las asociaciones bancarias de que estas limitaciones crearan exclusión financiera.

"Esos banqueros dicen que están preocupados por la inclusión financiera de las personas pobres, esos que cobran tasas de interés con tarjetas de crédito de 50 por ciento y más. Este proyecto de ley busca regular toda la actividad, las tasas de interés de los bancos pero también las garroteras", comentó.

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La morosidad de los costarricenses con las tarjetas de crédito –más de 30 mil circulando en el mercado nacional– es de ¢1,4 millones (o ¢1,4 billones), según el último estudio trimestral del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La Comisión suspendió la sesión para seguir discutiendo el proyecto la próxima semana.