Reducción del marchamo aprobada de manera definitiva por el Congreso

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, de manera definitiva, el proyecto de ley que permitirá reducir el pago del Impuesto a la Propiedad de Vehículos: el componente mayoritario (de entre 65% y 70%) del marchamo.

La disminución aplicará únicamente para vehículos de ¢15 millones o menos, a través de una escala progresiva. El importe se reducirá:

• 50% para los vehículos particulares con un valor de ¢7 millones o menos; carga liviana de hasta ¢15 millones; carga pesada; busetas y autobuses; turismo; arrendadores; y maquinaria agrícola.
• 25% para los vehículos particulares con un valor de entre ¢7 millones y ¢10 millones.
• 15% para los vehículos particulares con un valor de entre ¢10 millones y ¢15 millones.

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El texto se tramitó rápidamente para que entre a regir antes del 2 de noviembre, fecha en que el Instituto Nacional de Seguros (INS) empezará la gestión de cobro del cargo.

La reducción no aplica para buques, naves y aeronaves. Tampoco para vehículos o motocicletas propios, de cónyuges o convivientes, o de personas jurídicas de miembros de los supremos poderes, miembros de juntas directivas y superintendentes.

Por su parte, las motocicletas con un valor inferior al ¢1 millón además recibirán una exoneración en el pago del IVA.

El proyecto también incluyó un beneficio para autobuseros, taxistas y operadores de servicios especiales, los cuales experimentarán una reducción en los cánones que deben pagar al Consejo de Transporte Público (CTP) y a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

En el caso de los cánones al CTP, la rebajas se aplicarían hasta en una quinta parte, de la siguiente manera:

• 16,79% para operadores (concesionarios o permisionarios) de rutas regulares.
• 16,63% para operadores o permisionarios de servicios especiales en sus distintas modalidades.
• 21,59% para operadores concesionarios o permisionarios de taxis

En cuanto a los cánones de Aresep, se estableció una rebaja del 50% en el canon que deben cancelar estos grupos.

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Un agujero fiscal

La medida implica una reducción en los ingresos estatales que el Ministerio de Hacienda estima en ¢50.000 millones; es decir, abre un nuevo agujero fiscal del 0,14% del PIB.

Los diputados afirmaron que se acordó buscar medios de financiamiento alternativos para resarcir este impacto; sin embargo, no especificaron cuáles, ni en qué plazo. Diputados del Partido Unidad Social Cristina (PUSC) y de bloque independiente Nueva República afirmaron que no aprobarán impuestos a cambio de la iniciativa, a pesar de que la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) habló de posibles compensaciones alternativas.

Para aprobar este proyecto a tiempo, los propulsores de la iniciativa (de oposición) debieron llegar a un acuerdo con los oficialistas, quienes solicitaron reformar una versión mucho más amplia que hubiese representado un golpe para la Hacienda pública de ¢93.931 millones (0,27% del PIB).

A pesar de la negociación, el agujero será de un 0,14% del PIB y llega en medio de una delicada situación de las finanzas públicas, con un déficit financiero que este año alcanzaría un 9,3% de la producción, según las proyecciones oficiales, y que empuja un acumulado de la deuda a cerrar por encima del 70% del PIB.

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El marchamo también se compone en cerca de un 25% por el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA). La Superintendencia General de Seguros (Sugese) informó que el indicador bajará, en promedio, un 6,1%, pues la pandemia del Covid-19 impactó la fórmula de cálculo del mismo al disminuir la cantidad de siniestros en 2020.

Para vehículos particulares caerá un 3,7%, para carga liviana un 13,8%, para carga pesada un 3,2%, para motocicletas un 6,5%, para buses un 16,4%, para taxis un 8,4% y para equipo especial un 9,8%.

Además del SOA y del Impuesto a la Propiedad de Vehículos, el marchamo también incluye importes más pequeños para timbres, cánones para el Consejo de Transporte Público (CTP) y parquímetros, entre otros.

Durante la discusión del proyecto, Hacienda enfatizó que el marchamo es un cobro justo (que cobra más a quien tiene vehículos con mayores valores), y también subrayó que se trata de una carga sobre la tenencia del auto y no sobre su uso. Por todo esto, no consideraba necesario ni lógico reducirlo.

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