Suspenden audiencia contra dirigentes del PLN sospechosos de estafa contra el TSE

La audiencia preliminar en la que se iba a conocer la acusación por aparente estafa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) seguida contra nueve dirigentes del Partido Liberación Nacional (PLN) fue suspendida debido a que uno de estos es representado por un defensor público que tenía programado un juicio.

Dicha cita estaba prevista para realizarse del 3 al 5 de marzo en el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José; no obstante, la misma fue cancelada antes de su inicio. De esa manera lo informó a AmeliaRueda.com las oficinas de prensa de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

El departamento de prensa explicó que la suspensión se debió a que uno de los encartados -del cual no se precisaron sus apellidos- tiene por abogado a un defensor público que debe presentarse a un debate oral y público en el Tribunal Penal de la misma localidad, por crimen organizado.

Según la respuesta dada a este medio, el juicio arrancó el 22 de febrero y está previsto para finalizar el 17 de marzo. En él se juzga por presuntos robos agravados a "varias personas privadas de libertad".

Debido a esta última condición, el señalamiento del debate prevalece en acatamiento a las circulares 149-2002 y 168-2004 del Consejo Superior del Poder Judicial, que establecen la "debida obligación de dar el trámite más expedito posible, a todos aquellos expedientes en los que se tenga conocimiento de que exista reo preso".

En vista de lo anterior, se procedió a suspender la audiencia preliminar y reprogramarla, aunque la nueva fecha no ha sido señalada hasta el momento de esta publicación.

Dentro de los acusados por este caso -al que se le asignó el expediente 12-000832-042-PE- destacan el exdiputado Óscar Alfaro Zamora, así como el exrepresentante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Jorge Wálter Bolaños Rojas.

Asimismo, figuran como imputados seis hombres más de apellidos Abarca Meléndez, Calderón Mayorga, Chaves Rodríguez, Madrigal Zeledón, Pol Araya y Vargas Rojas; así como una mujer de apellidos Rodríguez Rojas.

El 10 de enero anterior la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) indicó -mediante la oficina de prensa del Ministerio Público- que un total de 24 personas aparecían en la causa; no obstante, el 9 de marzo pasado corrigió que esos 24 correspondían a los imputados al inicio del expediente y que en el transcurso de la pesquisa se obtuvo prueba solo contra 9, que fueron formalmente acusadas el 10 de junio de 2019.

Por esta última razón, "en apego a la objetividad de las actuaciones, según el artículo 63 del Código Procesal Penal, este despacho solicitó el sobreseimiento definitivo a favor de las personas restantes", subrayó el departamento de prensa del órgano acusador del Estado.

En este caso la Procuraduría General de la República (PGR) se constituyó querellante y actor civil, de manera que buscará que le sean resarcidos los recursos supuestamente perdidos producto de la estafa, así como un monto adicional por la afectación generada. La cifra pretendida, sin embargo, no fue precisada porque esta se encuentra amparada a la confidencialidad dispuesta numeral 295 del Código Procesal Penal.

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Denuncia diluida

Inicialmente, el Tribunal de Elecciones denunció el 4 de mayo de 2012 a 90 militantes verdiblancos tras detectar, a través de una revisión de la información suministrada en la liquidación de gastos de la campaña de las elecciones presidenciales de 2010 (en los que resultó ganadora la entonces candidata liberacionista, Laura Chinchilla Miranda), que la agrupación cobró ¢400 millones por alquileres de vehículos con contratos supuestamente falsos.

La autoridad incluso determinó que cheques destinados al arrendamiento de transportes, se usaron para sufragar servicios de alimentación, papelería y hasta el pago de secretarias.

Sin embargo, una vez en manos del Ministerio Público, el caso se desagregó -por política de persecución penal de ese momento- en 36 expedientes, divididos según el cantón y encargados a despachos del correspondiente área de cobertura, en vez de tramitarse en uno solo y mediante la Unidad de Delitos Electorales de la Fiscalía Anticorrupción, como sí ocurrió con una simulación de contratos de servicios especiales del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las siete provincias o con las falsas capacitaciones que cobró el Partido Movimiento Libertario (PML) en distintos cantones.

Del total de causas, 21 fueron desestimadas y en siete se pidió al respectivo Juzgado Penal que dictara un sobreseimiento definitivo en favor de los dirigentes. Dos expedientes más permanecían congelados en San Joaquín de Flores y Tarrazú, mientras que tres más continuaban en investigación "contra ignorado" en La Unión, Cartago y Batán.

Solo una de las causas llegó hasta ahora a una sede jurisdiccional con pieza acusatoria y solicitud de apertura de juicio, que es la que irá a audiencia en dos meses.

No obstante, para que el expediente relativo a San José llegara a ese punto tuvo que superar más de cinco años de trámite entre 2012 y 2017. Ese último año la entonces interina y ahora actual fiscala general, Emilia Navas Aparicio, fijó como fecha máxima para concluir las pesquisas el 1° de diciembre.

A pesar de que desde ese momento la etapa de investigación se dio por culminada, la causa no fue remitida al Juzgado Penal de San José hasta poco menos de dos años después. Además, la fecha de realización de la audiencia ha sido traslada en al menos tres ocasiones, en abril de 2020 y marzo de 2021.

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Nuevo informe

Recién tres meses atrás, el Tribunal Supremo denunció ante la Fiscalía nuevas supuestas anomalías en la cuenta de alquiler de vehículos de Liberación Nacional, pero esta vez en la liquidación de las elecciones municipales de 2010.

La gestión, que consiste en la remisión de un informe y una relación de hechos, la dio a conocer la noche del 4 de enero el diario La Nación y fue posteriormente confirmada a este medio por el director general de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Héctor Fernández Masís.

"En la liquidación presentada para la elección municipal de 2010, que se presentó a mediados de 2011, se empezó a hacer un ejercicio de comprobación y a raíz de este control, se abre después un proceso de investigación y se llega a que el rubro de arrendamiento de vehículos de la liquidación presentaba algunas anomalías y por eso se le envió el asunto, el expediente a la Fiscalía, para que fueran ellos quienes calificaran si de esos hechos investigados podría o no derivarse la comisión de algún hecho delictivo", explicó el funcionario.

Fernández Masís señaló que el traslado de información se hizo en octubre anterior -sin precisar fecha- e indicó que no podía ahondar en mayores detalles ya que se tiene una pesquisa en curso.

De acuerdo con la publicación de La Nación, que cita partes del documento, la autoridad electoral identificó las irregularidades a partir de un patrón que determinó en los contratos suscritos en Tibás, Dota, Puriscal, San Carlos, Atenas, Belén, Sarapiquí, San Rafael y Buenos Aires; por un monto de ¢34,8 millones.

Las supuestas anomalías se extienden entonces en una partida total de ¢214,5 millones.

El Tribunal halló, según el periódico, que los acuerdos se suscribieron con militantes cercanos a la agrupación verdiblanca e, incluso, con personas que tenían vínculos de consanguinidad con candidatos a alcalde de los cantones. A estos, en apariencia, se les solicitó que brindaran su cédula, licencia de conducir y derecho de circulación para que un tercero retirara los cheques que les correspondían. Así, tesoreros cantonales o terceros, en apariencia, lograron conseguir el endoso del beneficio y, luego, endosar el cheque de nuevo para disponer de los fondos en otros gastos.

La autoridad electoral además señaló una supuesta falsificación de las firmas en los recibos de dineros, de donaciones no reportadas y del uso de cuentas bancarias de terceros para evadir controles estatales, destaca el rotativo.

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