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El presidente Alvarado afirma que comparecerá en el Plenario por respeto a la población, pero que se trata de un irrespeto constitucional.

Alvarado: compareceré en Plenario por caso UPAD, pero es "un irrespeto" constitucional de diputados

​"Mi asistencia al Plenario no representa validación alguna por mi parte hacia ese grave precedente", afirmó el mandatario a través de sus redes sociales.

05/02/21 | 12:59pm

El presidente Carlos Alvarado anunció este viernes que sí asistirá al Plenario legislativo a comparecer ante la comisión que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), aunque reiteró que considera la citatoria a ese recinto como un acto inconstitucional.

En un comunicado de cinco párrafos señaló que únicamente irá para rendir cuentas, más allá de que considera la convocatoria al máximo recinto hecha por 40 diputados de oposición como "un precedente de irrespeto a las normas constitucionales que no quisiera ver aplicado a ninguna de las personas que me sucederán en este honroso cargo".

"Mi asistencia al Plenario no representa validación alguna por mi parte hacia ese grave precedente. Tan solo refleja mi respeto por la ciudadanía costarricense: tomo esta decisión pensando única y exclusivamente en los mejores intereses de las y los costarricenses, a quienes me debo", redactó.

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Alvarado publicó el mensaje a través de sus redes sociales.

"Es claro, por otra parte, que la Constitución Política no permite la interpelación legislativa al Presidente de la República, aunque sea en forma velada. Así lo señaló el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, un ente técnico"

"Pensando exclusivamente en la ciudadanía costarricense y con la intención de darle las explicaciones que merece, he decidido acudir a la Asamblea Legislativa el próximo miércoles 10 de febrero".

Alvarado no afirmó si tomará o no acciones legales relacionadas con su inconformidad.

El Presidente anunció su postura después de que diputados de varias facciones, en cuenta los voceros de la comisión investigadora (la liberacionista Silvia Hernández y el independiente Jonathan Prendas), insinuaron que si el mandatario se ausentaba del Congreso podrían solicitar la intervención de la Fuerza Pública.

Apenas este jueves, Alvarado había rechazado asistir al Plenario, por considerar que su comparecencia se podría convertir en una "interpelación velada" en ese recinto: un acto que prohíbe la Constitución Política para el interrogatorio de diputados a presidente y vicepresidentes.

"La gente tiene que decidir de qué lado está, si está del lado de la mentira o de la verdad. Si está del lado de la legalidad o de la ilegalidad. Y no es solo que nosotros, que ejercemos la función pública, tenemos que estar del lado de la legalidad, sino que juramos al pueblo estar del lado de la legalidad, se lo juramos a la Constitución. Yo estoy deseando mi oportunidad de rendir cuentas, la deseo, la anhelo, pero no contra la Constitución. Yo puedo ir donde sea, si hace falta espacio puedo ir al Estadio Nacional, pero no el Plenario es sagrado, porque está en la Constitución", dijo en un acto de prensa.

No obstante, finalmente tomó la decisión de asistir.

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Polémica convocatoria

Este miércoles, 40 diputados de oposición votaron para realizar la audiencia de Alvarado ante la comisión investigadora de UPAD en el Plenario legislativo. Lo hicieron a pesar de un criterio legal del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, en el que se les advirtió que "realizar la sesión de una comisión investigadora en la sede del plenario para interrogar al Presidente de la República "excedería la lógica parlamentaria".

En el informe AL-DEST-CJU-006-2021, el Departamento indicó que "no es el Plenario Legislativo quien lleva a cabo dicha investigación, siendo que, a todos luces, el acto puede convertirse en un interpelación velada"; y agregó que suspender labores de toda la Asamblea además "no resultaría prudente", pues supondría "un costo adicional que redunda en la paralización de la agenda parlamentaria".

Presidencia inicialmente pidió a los diputados respetar la misma cortesía parlamentaria que se empleó con expresidentes como José María Figueres Olsen y Luis Guillermo Solís, de modo que la audiencia se desarrollara en Casa Presidencial. No obstante, los diputados rechazaron esa posibilidad y Presidencia lo aceptó.

Eso sí, tanto Alvarado como su fracción legislativa siempre descartaron la visita del mandatario al máximo recinto del Congreso.

La Constitución Política únicamente permite la interpelación de ministros en el Plenario legislativo. Presidente y vicepresidentes solo pueden asistir a brindar informes de labores, como los que se realizan cada 2 de mayo.

Lea: Violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato: los presuntos delitos del caso UPAD

Caso UPAD

El presidente Alvarado es investigado penal, administrativa y políticamente por el 'caso UPAD'. Las investigaciones penales incluyen a ocho personas, inicialmente, por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, bajo el expediente 20-005433-0042-PE.

Aparte de Alvarado, se investigan al entonces ministro de la Presidencia y actual diputado oficialista, Víctor Morales; y al exviceministro de Planificación, Daniel Soto. También a los tres anteriores asesores de datos de Presidencia, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Daniel Fernández; al exasesor legal Luis Salazar y a la exdirectora de despacho del Presidente, Felly Salas.

Las investigaciones en curso buscan determinar si el equipo asesor de datos del presidente infringió derechos sobre registros personales de ciudadanos y si los miembros de gobierno actuaron apegados a la ley al intentar establecer formalmente la unidad vía decreto, en febrero de 2020, con acceso a "datos confidenciales" (sin citar cuáles, ni bajo qué restricciones).

Presidencia ha dicho en reiteradas ocasiones que el equipo asesor de datos funcionaba como un ente de consulta regular para la formación de política pública (como ocurre en cualquier equipo administrativo) y que nunca utilizó datos sensibles, a los que no tuviera acceso por vías estrictamente legales, según el conocimiento de las autoridades.

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