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Carlos Alvarado

Alvarado da la espalda a propuesta del PAC para legalizar uso recreativo de marihuana

"Desde el Gobierno de la República no estamos respaldando el avance con el proyecto de cannabis porque no es una promesa mía de campaña", aseveró este jueves el presidente

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, dio la espalda al proyecto de ley presentado por el Partido Acción Ciudadana (PAC) -con el que llegó al poder- para legalizar el uso recreativo del cannabis.

La mañana de este 22 de abril en la inauguración del Radar Espacial Costa Rica, en Carrillo, Guanacaste, el mandatario aseguró ante una consulta de los medios de comunicación que la iniciativa de la agrupación oficialista carece del apoyo de su administración

"Yo parto de la concepción de que lo que uno promete en campaña se convierte en su contrato con la ciudadanía. En campaña, en los distintos temas que yo prometí, no comprometí la legalización de la cannabis como tal; el caso del cáñamo es distinto. Entonces desde el Gobierno de la República no estamos respaldando el avance con el proyecto de cannabis porque no es una promesa mía de campaña", aseveró Alvarado Quesada.

"Ese proyecto como tal no está en la agenda prioritaria del Ejecutivo", agregó el gobernante.

Asimismo, el presidente recalcó que la propuesta presentada dos días atrás por el jefe de fracción de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez Carballo, tiene como objetivo que se genere una discusión alrededor de la regularización del cannabis y que este último no ha solicitado su convocatoria a las sesiones extraordinarias.

El líder de la bancada de gobierno justificó la iniciativa como una oportunidad de "más empleo, más seguridad, más salud y un nuevo mercado para el desarrollo".

En sí, el texto propone la autorización y formalización del cannabis -entendido como especie vegetal que incluye sus variedades cannabis sativa, cannabis sativa-índica, y cannabis sativa rudelaris- así como sus derivados en todas las etapas hasta el consumo final, lo que incluye su plantación, cultivo, cosecha, producción, transformación, industrialización, adquisición, almacenamiento, comercialización, transporte, distribución, importación y exportación.

Para ello se encomienda a los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), de Economía, Industria y Comercio (MEIC), de Comercio Exterior (Comex) y de Salud, "el control y la regulación de las actividades de producción, transformación, la industrialización y la comercialización del cannabis y sus productos derivados".

Asimismo, se le otorgan al Gobierno de la República "amplias potestades" para determinar y limitar el número de licencias a otorgar sobre los usos autorizados por el proyecto, así como para establecer limitaciones temporales a la producción, a las áreas totales de siembre, regiones del país en las que se permitirán las actividades, al consumo personal, a la industrialización y a la comercialización. También se le brinda la potestad de establecer vedas o restricciones parciales o totales a estos usos mediante resolución motivada cuando lo estime necesario para resguardar la seguridad y proteger la vida y la salud de las personas y el medio ambiente.

La propuesta incluye dos tipos de licencia:

  • Una para la producción de cannabis y sus derivados.
  • Y otra para la industrialización y comercialización del cannabis.

Sin embargo, a estas solo podrán acceder -de aprobarse el plan- los pequeños y medianos productores agropecuarios (Pympa) así como las pequeñas y medianas empresas (Pymes) debidamente inscritas ante las carteras de Agricultura y Economía, respectivamente.

Diferentes posiciones

Marihuana

El 11 de noviembre anterior, la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa -presidida por la oficialista Paola Vega Rodríguez- dictaminó afirmativamente un proyecto que pretende legalizar la producción de cannabis para uso medicinal y de cáñamo para uso alimentario e industrial; un paso que chocó de frente con la posición del Ejecutivo, que se muestra a favor de la regulación del cáñamo, mas no del cannabis.

Tan es así que el mismo presidente Carlos Alvarado Quesada anunció el 28 de enero pasado la integración de un equipo técnico conformado por funcionarios de Salud, Seguridad Pública así como de Agricultura y Ganadería, que preparará una propuesta de ley "circunscrita" en el uso industrial del cáñamo.

Por ese motivo, al jefe de la bancada oficialista, Enrique Sánchez Carballo, AmeliaRueda.com le consultó sobre la postura hasta hora externada por el Gobierno, ante lo que respondió: "La facción de gobierno apoya el proyecto de ley. Los 10 diputados estamos convencidos de que es una alternativa importantísima en materia de reactivación económica y también en materia de seguridad y salud. (...) Yo creo que no es una contradicción para nosotros avanzar en este proyecto que desde hace bastante tiempo veníamos valorando".

El legislador aseguró que informó de la iniciativa al mandatario así como a los ministros de Salud, Daniel Salas Peraza, de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas; al tiempo que les instó a iniciar una conversación "pausada", basada en "ciencia" y en la "técnica". "No puede ser ni acelerada ni basada en prejuicios", aseveró el rojiamarillo.

Desde que asumió el control de la agenda del Congreso, el Ejecutivo mantiene pausado el avance de la propuesta de la parlamentaria independiente Zoila Volio Pacheco.

Un estudio de 2018 de la firma Deloitte, en Canadá, suministrado a este medio por el despacho de la proponente, da cuenta de que el cannabis medicinal es legal en 21 países del mundo. Además, afirma que tiene un mercado de 770 millones de personas, de las cuales una mitad viven en países que permiten su importación. Apenas Uruguay, México, Canadá y 16 estados de Estados Unidos han aprobado el uso recreacional del cannabis en América.

Asimismo, datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) actualizados a octubre anterior, señalan que las cadenas de valor del cáñamo alcanzarían ventas globales de $5.733 millones para 2020 y las proyecciones disponibles sugieren un crecimiento hasta los $14.464 millones para 2025.

La propuesta de Acción Ciudadana detalla que el mercado interno del cannabis puede alcanzar ventas por ¢100.000 millones anuales, o sea, un 0,32% del Producto Interno Bruto (PIB). El texto planteado además señala -a modo de comparación- que el mercado interno del banano representa un 0,05%, el de la piña un 0,04%, el del café molido un 0,25%, el de la azúcar de caña un 0,30%, y el de los productos de tabaco un 0,03%.

Salas Peraza manifestó el día posterior al dictamen afirmativo de la iniciativa de Volio Pacheco que la posición del Ejecutivo en relación con el cannabis medicinal corresponde a un asunto de seguridad pública.

Según dijo, es cierto que existen beneficios médicos de la planta, pero los procesos de producción tendrían que blindarse de manera muy estricta para evitar el desarrollo ilegal de la actividad, tal como sostienen los ministerios de Seguridad Pública así como de Agricultura y Ganadería.

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Colaboró la periodista Marcela Aguilar.