Aumentar tarifas "chicas" de IVA a canasta básica, educación y salud privadas, propone Gobierno

Aumentar las tarifas reducidas del Impuesto al Valor Agregada (IVA) a productos de la canasta básica y a servicios como la educación y salud privadas fueron dos propuestas que planteó el Gobierno, la tarde de este miércoles, en la más reciente sesión de la Mesa de Diálogo Multisectorial que sostiene para buscar soluciones al desequilibrio fiscal que vive el país, en conjunto con representantes sociales y productivos de todo el país, desde el 23 de octubre pasado.

Así lo expuso el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a los participantes en la mesa; a quienes señaló que se trata de medidas que tendrían un efecto importante y que podrían compensarse con mecanismos de devolución para las personas y los hogares más pobres.

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Villegas planteó dos escenarios:

El primero únicamente contempló aumentar el IVA que se cobra sobre los productos de la canasta básica tributaria del 1% al 7%, con un mecanismo de devolución de un 8% para las personas de los primeros cuatro quintiles de ingresos.

Según dijo Villegas, las estimaciones de Hacienda indican que la medida beneficiaría a unos 640 mil hogares y permitiría aumentar la recaudación en un 0,24% del PIB sin afectar a la población más vulnerable.

En total, la recaudación aumentaría ¢164.000 millones; sin embargo, ¢84.000 millones se devolverían a los cuatro deciles de menores ingresos, para un efecto neto de ¢80.000 millones.

"La intención es que a los primeros cuatro deciles se les devuelva no un 7% sino un 8%; es decir, esos cuatro primeros deciles recibirían una devolución más alta de lo que estarían pagando (...) prácticamente se devolvería la mitad de lo que se recauda, con un beneficio de unos ¢11.000 por mes por hogar", explicó.

El segundo escenario fue mucho más allá y planteó aplicar un IVA del 13% a la canasta básica y a los servicios de educación privada, salud privada y seguros, pero devolviendo un 110% de lo recaudado a las personas en el 40% de la población con menores ingresos.

Esta medida, dijo el jerarca, implicaría un rendimiento neto de un 1,14% del PIB (¢400.000 millones), sin contar unos ¢195.000 millones que se devolverían a la población más pobre.

"Para que nos hagamos una idea, el programa de Asignaciones Familiares maneja al año alrededor de ¢600.000 millones y la devolución que estaríamos generando aquí es un tercio de ese programa y el dinero saldría de aquí mismo, con un beneficio ara 640 mil hogares con unos ¢25.000 mensuales", detalló.

Para Villegas, la propuesta tendría un carácter "absolutamente progresivo", pues el impacto recaería únicamente sobre las familias con mayores recursos.

Esta es la propuesta con un alcance más alto en materia de impuestos que ha realizado el Gobierno en la Mesa de Diálogo a hasta el momento. Así lo reconoció el ministro de Hacienda, quien además dijo que "es una propuesta que financieramente funciona y desde el punto de vista de progresividad es clarísima su progresividad, porque más bien le lleva un beneficio a 640 mil hogares en los cuatro deciles más bajos de ingresos".

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Presidente lo respalda

El presidente Carlos Alvarado respaldó la propuesta de Hacienda y señaló que con ella se podría proteger a la población más pobre del país, que es el principal objetivo de las tarifas diferenciadas.

Alvarado dijo que las tarifas reducidas actualmente se aplican a toda la población, lo cual implica un beneficio mayor para los hogares de mayores ingresos.

"El sentido es proteger la nutrición y el ingreso de los más humildes. Por eso está esta discusión, porque actualmente la canasta básica está exonerada igualmente para la persona con un ingreso de ¢140.000 que para la que tiene un ingreso de ¢3,4 millones, todos están exonerados. Y también se sabe que el consumo de los deciles más altos es mucho más grande que los otros por su nivel de ingreso, entonces eso hay que tenerlo presente en la discusión", subrayó.

El mandatario agregó que apoyar a los deciles de ingresos más bajos además sirve para llegar a una mayor cantidad de personas, pues los hogares más pobres suelen estar compuestos por una mayor cantidad de integrantes. Asimismo, indicó que beneficiaría particularmente a u grupo muy vulnerable, como se trata de los hogares con jefatura materna.

Alvarado dijo que la idea es abrir paso a una discusión más amplia con las propuestas, pues, aunque inicialmente se incluyen todas las exoneraciones en la segunda propuesta, también se pueden analizar otras ideas. "Ese es el universo de posibilidades de esa propuesta (...) estos son ejercicios para estimular acuerdos, que es lo que se debe dialogar".

Sobre las dudas que generan los mecanismos de devolución y de rendición de cuentas, dijo entender el "escepticismo" sobre ellos. No obstante, subrayó que es absolutamente posible manejarlos.

"A veces nosotros no sabemos las cosas que hacemos bien. A la Ministra de Trabajo (Geanina Dinarte) más bien le están preguntando jerarcas de otros países cómo hacer programas de transferencias de ayudas porque la Cepal reconoció que el mejor programa de transferencias que se realizó en la región durante la pandemia fue el de Costa Rica porque sí, vimos en la prensa que tuvo 2.800 filtraciones, pero se realizaron 700 mil transferencias sin que nadie se desplazara de su casa", afirmó.

Sobre el mecanismo de devolución, el ministro Villegas incluso señaló que se podría usar esa herramienta para devolver recursos de la canasta básica.

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Situación complicada

El Gobierno busca soluciones actualmente para enfrentar su desequilibrio financiero, que este año cerraría en un 9,2% del PIB, del cual 4 puntos porcentuales corresponden a la diferencia entre gastos e ingresos sin contar el pago de la deuda adquirida.

Ese desajuste ya era amplio antes de la pandemia del nuevo coronavirus, pero se ensanchó ampliamente con su llegada y ahora pone en peligro la estabilidad financiera del país en el más corto plazo.

La situación es crítica porque Costa Rica ya acumula una deuda pública por el 70% del PIB y cuyo costo aumenta con el paso del tiempo. Esto asfixia las ya de por sí insuficientes arcas públicas en un efecto "bola de nieve" que provoca más gastos en intereses y menos recursos para atender servicios esenciales e infraestructura.

También podría desestabilizar indicadores básicos como el tipo de cambio, las tasas de interés o la inflación.

Ante esta situación, el Gobierno buscó un acuerdo de estabilidad económica con el Fono Monetario Internacional (FMI), a través de un servicio de crédito ampliado por $1.750 millones; junto con la propuesta de una agenda fiscal para realizar un ajuste del 6% del PIB.

No obstante, esta propuesta causó molestia en sectores políticos y sociales, lo cual hizo al Gobierno pausar ese proceso y abrir un proceso de diálogo para buscar un ajuste inicial del 2,5% del PIB con un respaldo sectorial lo más amplio posible cuya meta es desembocar en propuestas concretas a la Asamblea Legislativa a partir de diciembre.

En este foro es justamente donde el Gobierno presentó las propuestas, este miércoles.

La situación financiera del Estado:

• Coronavirus redujo ingresos tributarios con mayor fuerza que la crisis mundial de 2009
• Pandemia provocó un retroceso de casi cuatro años en recaudación tributaria
• Calificación de riesgo costarricense se asoma al escenario más crítico para la deuda pública
• Tres créditos internacionales en diciembre para evitar deuda más cara, impulsará Gobierno
• Pandemia, escasez estacional de divisas e incertidumbre de ahorrantes empujan al alza tipo de cambio
• Alvarado urge a aprobar acuerdo con FMI para evitar “devaluación, más desempleo y pobreza”