Vecino de Ujarrás condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de Allison Bonilla

El Tribunal Penal de Cartago condenó este miércoles a Nelson Enrique Sánchez Ureña a 18 años de prisión por el asesinato de Allison Bonilla Vásquez. Lo anterior al encontrarlo como el único responsable del homicidio de la joven, perpetrado la noche del 4 de marzo de 2020.

"Por unanimidad de votos se resuelve declarar al imputado Sánchez Ureña autor responsable del delito de un delito homicidio simple, así recalificado, cometido en perjuicio de Bonilla Vásquez. En tal carácter, se le impone una pena de 18 años de prisión", manifestó el juez Franklin Ramírez Montero al leer el por tanto de la resolución de este 18 de agosto ante una sala repleta de periodistas, camarógrafos, funcionarios judiciales y cuatro familiares de la víctima.

Tras escuchar la parte dispositiva, el ahora sentenciado permaneció inmóvil prestando atención con el gorro de su jacket vino puesto y una mascarilla negra que le cubría la mitad del rostro; mientras seis agentes de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo rodeaban.

A poco más de 10 metros, la mamá de Bonilla Vásquez, Yendry Vásquez Cordero, lo miraba fijamente desde el público con la ligera sensación de satisfacción porque el asesino de su hija seguirá en prisión, pero con la molestia e impotencia de que no se le fijaron los 35 años de pena que pedía su abogado, Rodrigo Araya Solano, y la fiscala Paula Aragón Gómez.

"Este órgano colegiado ha tomado la decisión de condenarlo a usted por el homicidio de la joven Bonilla Vásquez. El tribunal ha considerado que dentro del análisis de los elementos probatorios que se sometieron a consideración de estos juzgadores, se pudo obtener con el grado de certeza necesario en esta etapa procesal, los elementos necesarios para determinar que es usted el responsable de la muerte de Allison Bonilla Vásquez del 4 de marzo de 2020. Se ha demostrado que usted actuó de manera fría, con extrema crueldad y violencia", explicó el decisor al condenado.

Ramírez Montero también comunicó una absolutoria en favor de Sánchez Ureña, por una violación contra la mujer que le atribuía el querellante y actor civil; quien dos días atrás había solicitado ese resultado toda vez que durante el debate no fue posible acreditar una agresión sexual. En esa oportunidad, Araya Solano explicó que si el acusado se disponía a declarar, hubiese podido interrogarlo sobre una confesión que hizo el 2 de septiembre de 2020 cuando se le tomó declaración indagatoria (momento procesal en el que a una persona se le informan los delitos por los que se le investiga y las evidencias que existen en su contra); misma de la que se retractó casi tres semanas más tarde.

#Video Lectura del por tanto de la resolución del juicio por el asesinato de Allison Bonilla. Los jueces determinaron que Nelson Sánchez fue el autor del delito de homicidio simple.

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— Amelia Rueda (@ameliarueda) August 18, 2021

"Se absuelve de toda pena y responsabilidad a Sánchez Ureña por el delito de violación que se le venía atribuyendo por medio de la querella en perjuicio de Bonilla Vásquez", manifestó el juez Franklin Ramírez Montero al leer el por tanto de la resolución de este 18 de agosto.

Que se liberara de penas al sujeto de alias Sukia en cuanto al aparente sexual, a su vez se trajo abajo cualquier posibilidad de aplicar el inciso 8 del artículo 112 del Código Penal, con el que Araya Solano y Aragón Gómez pretendían una condena de 35 años de cárcel por homicidio calificado.

"Ellos argumentan que es que usted lanza el cuerpo de Allison al precipicio (donde estaba el basurero) para garantizarse su impunidad, tiene que ver con la comisión de un delito, pero tiene que ser otro delito, no el mismo homicidio que se está cometiendo, sino que lo que tuvo que haber sucedido es, por ejemplo en este caso, tener por demostrado que usted ultrajo sexualmente a Allison y con el fin de ocultarlo, acaba con la vida de esta", explicó el decisor.

Asimismo, el Tribunal Penal de Cartago descartó la aplicación del inciso 5 del numeral 112 de la norma, que refiere a la alevosía o ensañamiento a la hora de cometer un asesinato.

Para Ramírez Montero, al igual que las juezas Jenny Almendaris Solís, Magaly Orue Rivera; no existía forma en que el ahora condenado pudiera idear un plan para matar a la joven, toda vez que desconocía que ese día le iban a cancelar las clases y que no se iba a devolver a casa en compañía de un familiar.

"Si bien es cierto, se describió de manera amplia que el lugar era un lugar en el que casi no pasaban vehículos, en el que habían pocas viviendas, donde incluso la finca La Flora era un lugar donde no habían casas cerca, lo cierto del caso es que no tenemos por demostrado una programación de ideas suyas para acabar con la vida de Allison y que es hasta que se dan los hechos que usted lanza el cuerpo de ella al precipicio. Precisamente porque de los mismos elementos de prueba que se incorporaron al contradictorio se logró determinar que no había forma que usted supiera que ese día, poco antes de las nueve de la noche, Allison iba a pasar frente a su casa y que eso iba a darle a usted la posibilidad de llevarla a un lugar, asegurarse que no tuviera riesgo para usted y así perpetrar el homicidio.

"Esto no se logró determinar porque las pruebas que se trajeron al debate nos hicieron ver que ese día Allison se vino antes del colegio, porque a pesar de que ella se trasladó en horas de la tarde para recibir clases en el colegio nocturno donde cursaba el sétimo año, le cancelaron las lecciones. E incluso, ese día, según se nos informó, ella iba a viajar con un primo y esta situación no fue tal, pero no había forma en que usted lo supiera y que por ende usted organizara todas sus ideas, las preordenara y acabara de forma alevosa con la vida de esta joven", precisó el juzgador.

Debido a lo anterior, el órgano jurisdiccional calificó los hechos como un homicidio simple, figura prevista en el artículo 111 del Código Penal y cuya máxima sanción son los 18 años de cárcel. Ramírez Montero detalló que el Tribunal Penal se decantó por la pena máxima para ese delito toda vez que Sánchez Ureña era consciente de sus actos, además de que se aprovechó de circunstancias como ser vecino de Ujarrás de Paraíso, su conocimiento de la zona y las costumbres de esta (como por ejemplo, realizar aventones entre vecinos).

"Aprovechándose de todos estos hechos, usted ejecuta la muerte de Allison de forma fría y cruel, mostrando un total desprecio para la vida humana y no solo para la vida humana en general, sino un irrespeto total y expreso para la vida de esta joven. Usted lanza su cuerpo al botadero clandestino, donde usted sabía que no solo era un precipicio y que eso le iba a asegurar que iba acabar con la vida de Allison, sino que sabía que era un basurero.

"La comparación de lanzar el cuerpo de una persona en un basurero con respecto a la basura resulta odiosa para cualquier persona, pero usted lanzó a Allison como un desecho en ese botadero de basura que usted sabía que era utilizado con esos fines", mencionó el juez en su reproche al sentenciado.

Otro elemento que se contempló para establecer el monto de la pena es el daño ocasionado a Vásquez Cordero, quien tanto ante el órgano jurisdiccional como ante los medios de comunicación, ha reiterado que con la muerte de su hija perdió las ganas de vivir.

Incluso el Tribunal Penal declaró con lugar la acción civil resarcitoria incoada por la madre de la víctima, con lo que se le concede a la afectada una indemnización de ¢50 millones por daños morales, además de una "condena en abstracto" por daños físicos, los cuales deberán reclamarse en la vía de la ejecución de la sentencia. También se sentenció a Sánchez Ureña al pago de las costas personales de la acción civil por ¢8.325.000 y y de la querella por ¢725.000.

Injusticia e impugnaciones

Una vez concluida la lectura del por tanto y la explicación dada a Nelson Sánchez Ureña, este fue puesto en pie y se le colocaron sus respectivas esposas. De inmediato fue sacado de la sala uno de los tribunales de San José con seis funcionarios del Organismo de Investigación Judicial a su alrededor.

Rápidamente fue llevado por un pasillo en una segunda planta plagado de cámaras de televisión y fotografía, hasta las escaleras que dan con la entrada principal de la sede judicial, donde decenas de familiares y allegados a la víctima con camisas blancas lo insultaban y golpeaban con furia las puertas del edificio. "Asesino, te vas a podrir en la cárcel", alcanzó a gritarle desde un extremo la madre de Allison Bonilla Vásquez, Yendry Vásquez Cordero.

Por algunos minutos, esta lloró desconsolada al lado de un familiar en uno de los balcones del inmueble y, cuando se estabilizó, bajó rodeada de reporteros a la entrada del recinto, donde se unió en un abrazo a su mamá, Marjorie Cordero Cerdas, en medio de reclamos al tribunal por optar por un homicidio simple en vez de uno calificado.

"No es justo. No es justo sabiendo los jueces todo lo que sufrió mi hija, todo lo que pasó. Él (Sánchez Ureña) en la primera declaración dijo que la violó, la golpeó, la volvió a golpear y la volvió a violar. Ahora nos dicen que la tiró viva ahí (en el basurero clandestino). No es justo. Es una persona que lo planeó todo, ¿cómo que no es que estaba planeado? Lo planeó todo, planeó paso a paso lo que él hizo", declaró a la prensa Vásquez Cordero.

Su abogado, Rodrigo Araya Solano, expresó su satisfacción con que se confirmó la hipótesis esbozada en la querella. Sin embargo, anunció que recurrirá la resolución.

"Respecto a la pena hay que indicar que por supuesto vamos a interponer una apelación, vamos a acudir a una segunda instancia para que a este sujeto se le condene, no por homicidio simple, sino por homicidio calificado y se le pueda poner la pena que pedimos inicialmente y por la que hemos luchado, que es de 35 años de prisión.

"Esto apenas inicia con esta sentencia, vamos a acudir a todas las instancias que sean necesarias para que esta pena que se le pone a Sukia de 18 años pueda ser aumentada, pueda ser recalificada y a este sujeto se le imponga la pena máxima que tenemos en el ordenamiento jurídico y pase la mayor cantidad de años en prisión", señaló el jurista en una declaración en video.

Por su parte, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos informó mediante un comunicado que aguardará por la sentencia integral -que se dará a conocer el 25 de agosto- para analizarla y determinar si recurrirá o no la misma.

Si bien culpabilidad del imputado fue acreditada por el Ministerio Público, durante la etapa de conclusiones, la Fiscalía solicitó una pena de 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado. En ese sentido, este despacho esperará la sentencia integral, para analizarla y determinar si procede apelar la resolución o no.

Mientras la resolución adquiere firmeza, Sánchez Ureña permanecerá en prisión preventiva hasta el 2 de marzo de 2022, con la posibilidad de que se prorrogue.

Incertidumbre y dolor

Allison Bonilla Vásquez desapareció la noche del 4 de marzo de 2020, mientras caminaba de vuelta a su hogar en Ujarrás de Paraíso de Cartago. Ese día regresó antes del colegio nocturno de Cachí porque las clases se cancelaron.

Ella viajó en bus y al llegar a la parada más cercana a casa se bajó para emprender a pie un recorrido de 1,2 kilómetros en el que se toparía a su madre, Yendry Vásquez Cordero. Sin embargo, en esta ocasión la joven que entonces tenía 18 años no apareció.

La pesquisa realizada por la Delegación del Organismo de Investigación Judicial de Cartago -iniciada un día después, a partir de la denuncia hecha por la mamá de la víctima- apunta a que en el camino, Bonilla Vásquez fue interceptada presuntamente por Nelson Sánchez Ureña, un vecino suyo de 29 años de edad.

El 5 de marzo de 2020 la Policía Judicial encontró en una explanada a 300 metros del clausurado paradero turístico Charrara unos anteojos que pertenecían a la víctima.

Desde ese momento, se estableció un sitio de trabajo que implicó una inspección profunda de la zona, con lo que fue posible ubicar un rastro de sangre que se extendía por 140 metros, hasta una finca situada en la vera del camino que recorría Bonilla Vásquez. La misma concordaba genéticamente con la familia de la joven.

Fue entonces cuando el Organismo empezó a realizar entrevistas, perfiles y análisis de datos -incluida información confidencial- que lo llevaron a acercarse a la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para pedir un allanamiento en la casa que habitaba Sánchez Ureña, el cual se concretó la tarde del 25 de marzo de 2020 y se repetiría 4 días más tarde.

Durante el primer operativo, se decomisó el vehículo del entonces sospechoso. Para aquella oportunidad, el Ministerio Público se limitó a indicar que el sujeto era sospechoso pero que en las diligencias no se encontraron indicios o evidencias importantes para la causa 20-000825-0058-PE.

Ocho días más tarde un peatón encontró la cédula de Bonilla Vásquez en un cafetal de Ujarrás de Paraíso.

El 1° de julio de 2020, el abogado Rodrigo Araya Solano ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que ya sabía quién había tomado a la joven. Incluso, en esa oportunidad aseveró que otras dos personas le ayudaron a la primera a perpetrar el crimen.

No obstante lo anterior, fue hasta el 2 de setiembre de 2020 que la Policía Judicial y el Ministerio Público procedieron a realizar la captura de Sánchez Ureña.

El director general del Organismo, Wálter Espinoza Espinoza, explicó un día más tarde que el sospechoso era objeto de vigilancia y monitoreo, toda vez que se estimaba que este podía regresar a algún sitio que permitiera dar con el paradero de la mujer; situación que no ocurrió. En esa oportunidad, el jefe policial también reveló que en el carro incautado se encontró sangre coincidente con el rastro que llevaba a la finca La Flora.

Sin embargo, se determinó que el sospechoso tenía previsto cambiar de domicilio, por lo que se procedió a su captura.

Una vez detenido el sujeto este confesó haber interceptado, violado y asesinado a la joven cuando rindió declaración indagatoria, según lo dio a conocer Araya Solano el 4 de setiembre de 2020. Pero en un segundo momento procesal, 24 días más tarde, retiró lo dicho y alegó entonces que su versión inicial se dio en medio de presiones por parte de servidores judiciales.

A raíz de un reporte la Policía Judicial inició la búsqueda del cuerpo de Bonilla Vásquez en un botadero de basura clandestino en San Jerónimo de Cachí de Paraíso el 3 de setiembre de 2020, pero fue hasta 25 días después que se lograron ubicar huesos humanos y prendas que el 5 de octubre de 2020 se confirmó pertenecían a la joven.

El 10 de octubre de 2020, la madre de la joven llevó una cruz y arreglos florales hasta el lugar en el que se encontrar los restos óseos para despedir a Bonilla Vásquez. El funeral de la mujer se llevó a cabo 15 días más tarde.

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Nota del redactor: Esta publicación se actualizó a 12:40 p.m. del 18 de agosto de 2021.