10 funcionarios del MOPT-Conavi vinculados a caso Cochinilla seguirán en sus cargos

10 funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) vinculados al caso Cochinilla seguirán en sus cargos.

Ellos son parte de la lista de 45 personas que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluyó, en una segunda etapa, en el expediente judicial 19-000025-1218-PE donde ya se tenían 30 personas, las cuales fueron detenidas el pasado 14 de junio y sólo dos quedaron en prisión como medida cautelar. El caso ahora tiene 75 imputados en total.

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En el caso del primer grupo de funcionarios detenidos e involucrados con el caso, se les impusieron medidas, como la suspensión del cargo (sin goce de salario) y la imposibilidad de acercarse a las oficinas del Conavi.

Sin embargo, a este segundo grupo de funcionarios, que ya fueron indagados, no se les interpondrá ninguna medida cautelar, es decir, podrán continuar en sus cargos.

“Las 45 personas indagadas entre julio y agosto son imputadas, pero la Fiscalía Anticorrupción valoró que por ahora pueden permanecer vinculadas al proceso penal sin necesidad de cumplir medidas cautelares.

“Las medidas cautelares son de carácter excepcional y se solicitan cuando existen peligros procesales que impidan que las personas investigas estén sujetas al proceso penal”, respondió el Ministerio Público ante la consulta de AmeliaRueda.com.

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La nueva lista de imputados incluye un total de 13 personas vinculadas al MOPT-Conavi; sin embargo, dos de los mencionados ya están pensionados y otra corresponde a una extrabajadora, que desde años atrás labora para una empresa de administradores viales que ofrece servicios al Conavi. Ellos son:

• Mario Rodríguez Vargas, exdirector ejecutivo. Se acogió a la pensión en agosto anterior.
• Johnny Barth Ramírez, exgerente de Contratación de Vías y Puentes. Pensionado desde 2016.
• Margarita Soto Durán, empresa de Administración Vial.

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En la lista quedan 10 personas que sí se mantienen actualmente en cargos públicos, incluso en jefaturas del MOPT y Conavi. Ellos ya fueron indagados y notificados de que son parte del proceso judicial:

• Eduardo Chavarría Obando, departamento de Tesorería (analista).
• Ana Ruth Alfaro Padilla, departamento de Conservación Vial, encargada de presupuesto
• Carlos Jiménez González, gerente de la Unidad Ejecutora BCIE.
• Julio Carvajal Saborío, departamento de Conservación Vial, encargado de verificación de la calidad
• Edgar Meléndez Cerda, gerente de Conservación Vial
• Gabriela Trejos Amador, gerente del área jurídica
• Javier González Murillo, departamento de Conservación Vial, director de zona Brunca
• Edgar Salas Solís, gerente de Contratación de Vías y Puentes
• Luis Madrigal Mata, departamento de ejecución presupuestaria (analista)

Todos ellos son trabajadores del Conavi y a la lista se suma a Francisco Molina Salas, director financiero del MOPT.

Estos funcionarios son parte del segundo grupo de imputados en el caso Cochinilla, sin embargo, para ellos no habrá cambios, de momento, y podrán seguir en sus cargos.

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Desde el martes anterior, en AmeliaRueda.com consultamos a las autoridades del Conavi si por parte de la Administración se tomará alguna medida con respecto a los nuevos funcionarios imputados en el expediente judicial que investiga supuestos actos de corrupción en la contratación de obra vial, preguntamos si se considera la reubicación del personal, sin embargo, aún no recibimos respuesta.

En la lista de las 45 personas recién indagadas y notificadas de que son parte del caso Cochinilla, se incluyen, también, trabajadores de H. Solís, MECO y otras 11 compañías; además, se encuentran involucrados particulares y 10 empresas.

"Estas personas no fueron detenidas en la fórmula anterior, o en el operativo anterior, basado principalmente en el principio de objetividad del Ministerio Público y, además determinando también que no era necesario eventualmente debido a los peligros, lo que nosotros llamamos peligros procesales que presentaban y de hecho pues así fue porque durante estos meses han respondido todos a los llamados judiciales y se han presentado a estrados con el fin de poder brindar su declaración.

"Además de las 75 personas que ya tenemos el día de hoy indagadas, tenemos también lo que iniciamos con la nueva Ley de Personas Jurídicas, que fueron aproximadamente 10 empresas que hemos llamado a realizar también lo que ley llamo una comunicación de hechos delictivos, porque también se les está siguiendo un proceso de acuerdo a la ley, por los diferentes delitos que estamos tramitando en el expediente", explicó el fiscal adjunto, Glen Calvo.

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El pasado 14 de junio se reveló en el país el caso Cochinilla, tras 57 allanamientos y 30 detenciones, se dio a conocer la existencia de un supuesto grupo criminal creado entre empresarios y funcionarios públicos.

Según la investigación judicial, se entregaron todo tipo de sobornos a cambio de información privilegiada de los procesos de contratación de obras viales y un trato preferencial durante los análisis de licitaciones e incluso pago de facturas.

Se estima que el dinero malversado en esta causa supera los ¢78.000 millones.

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