Por "humanidad" con enfermos, diputados piden a Alvarado convocar proyecto de cannabis medicinal

Diputados de cuatro fracciones legislativas enviaron una carta al presidente Carlos Alvarado, en la que le solicitan que replantee su posición y ponga en discusión el proyecto 21.388, que permitiría legalizar la producción de cannabis para uso medicinal y de bienes a base de cáñamo en el país.

En su carta, los diputados realizan la solicitud por "humanidad" con pacientes crónicos que verían mejorada su situación al disponer de insumos médicos a base de estos materiales. Asimismo, le piden analizar los efectos dinamizadores de la economía que tendría la actividad para el país, cuyo mercado internacional es creciente.

La carta la firman la proponente del proyecto, Zoila Volio (independiente), junto con Karine Niño, Paola Valladares, Roberto Thompson, Carlos Ricardo Benavides, Yorleny León, Aida Montiel, Daniel Ulate, Silvia Hernández y Wagner Jimenez, del Partido Liberación Nacional (PLN); María Inés Solís y Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y José María Villalta, del Frente Amplio (FA). Además, destaca las firmas de las oficialistas Carolina Hidalgo y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Vega ha subrayado que no coincide con la postura oficial de gobierno.

Lea: Cáñamo y cannabis medicinal más cerca de legalización en Costa Rica; diputados dictaminan proyecto

Este proyecto ya recibió un dictamen positivo por parte de la Comisión de Ambiente del Congreso, comandada por Vega, en noviembre pasado. No obstante, desde que arrancó el período de sesiones extraordinarias (en las que el Ejecutivo controla la agenda del Congreso), el Gobierno pausó su avance y recordó que únicamente estaría dispuesto a impulsar la producción de cáñamo para fines industriales (no de cannabis medicinal).

En su carta, los diputados hacen énfasis sobre la necesidad de esta producción, que podría ayudar a "pacientes crónicos de distintas afecciones y padecimientos". "Cada día que pasa y les impedimos tener un acceso fácil y seguro al tratamiento que requieren, estamos violentándoles su derecho humano básico a la salud y a la calidad de vida", dice el documento.

Asimismo, abogan por dar mayor rapidez a la producción de cáñamo, que "no solo traería bienestar y salud a pacientes, además produciría trabajo para mano de obra calificada y no calificada".

"La prohibición es indudablemente contraproducente. El Estado está dejando de percibir recursos frescos a través de una lucrativa actividad económica que se da fuera del margen de la ley todos los días, sin ningún tipo de fiscalización, seguridad ni control de calidad para el consumidor final" redactaron.

Un estudio de 2018 de la firma Deloitte, en Canadá, suministrado a AmeliaRueda.com por el despacho de la diputada Volio, da cuenta de que el cannabis medicinal es legal en 21 países del mundo. Además, afirma que tiene un mercado de 770 millones de personas, de las cuales una mitad viven en países que permiten su importación.

Asimismo, datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) actualizados a octubre pasado, señalan que las cadenas de valor del cáñamo alcanzarían ventas globales de $5.733 millones para 2020 y las proyecciones disponibles sugieren un crecimiento hasta los $14.464 millones para 2025.

Este martes, en el Plenario legislativo, la diputada Volio subrayó que países como Colombia, México, Uruguay, Estados Unidos y Canadá ya han avanzado en la utilización de medicamentos a base de cannabis, por lo que Costa Rica no debería quedarse atrás. Recordó que ni siquiera se trata de plantear el consumo recreacional, sino de fomentar el uso de aceites de esa planta. "Por un sentido de humanidad tenemos que darnos la posibilidad de discutir este proyecto", subrayó.

A ella se sumó luego en conferencia de prensa la diputada Paola Vega, del PAC, quien señaló que el país no puede seguir perdiendo oportunidades económicas y para mejorar la vida de personas "por prejuicios o alegando incapacidades". También lo hizo el frenteamplista José María Villalta, quien comentó que la prohibición de este tipo de producción solo alimenta la informalidad y la producción de otros países, al tiempo que se cierran fuentes de crecimiento a productores nacionales.

Por su parte, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides calificó como un sinsentido frenar aún más la producción de cáñamo y cannabis medicinal, cuando es probada la capacidad agraria y exportadora costarricense.

Lea: Tras seis meses de posturas tibias, Gobierno reitera sí al cáñamo y no al cannabis medicinal

El ministro de Salud, Daniel Salas, señaló que la posición del Gobierno en relación con el cannabis corresponde a un asunto de seguridad pública. Según dijo, es cierto que existen beneficios médicos de la planta, pero los procesos de producción tendrían que blindarse de manera muy estricta para evitar el desarrollo ilegal de la actividad, tal como sostienen el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

"En este caso sería el Estado produciendo para un fin medicinal, pero si no se hace esa producción de la forma más blindada posible, se va a prestar para otros asuntos que pueden complicar el desarrollo de la sociedad como un todo", aseguró el jerarca, meses atrás.