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Proyecto propone bajar de 8 a 5 años nombramientos de magistrados y solo permitir una reelección

​Iniciativa también apunta a que los asuntos de régimen disciplinario contra altos jueces se resuelvan con votaciones públicas y por mayoría simple

Un nuevo proyecto de ley propone que se bajen de ocho a cinco años los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que estos sólo tengan la posibilidad de reelegirse en una ocasión.

Se trata de una iniciativa presentada la mañana de este lunes por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña Flores, en medio de una serie de escándalos que rodean a la cúpula del Poder Judicial.

El texto establece una reforma del artículo 158 de la Constitución Política, en el que se modifica el periodo para que sea de cinco años. Puntualmente, la variación dice que "podrán ser reelegidos para un período igual por una única vez, siempre y cuando obtenga una votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa".

Dicha votación, de acuerdo con el documento, deberá llevarse a cabo una semana antes del vencimiento del nombramiento salvo que el Congreso no se encuentre en funciones, en cuyo caso deberá realizarse en la primera sesión después de retomar sus funciones.

También se plantea modificar el 165 de la Carta Magna, para que cuando se discuta un expediente del régimen disciplinario de un alto juez, la Corte Plena decida mediante votación pública, y no secreta como se hace actualmente, la sanción correspondiente. Otro aspecto que se cambiaría es que el acuerdo a tomar se dará por mayoría simple -la mitad más uno de los presentes- y no por mayoría calificada -tres cuartas partes de los presentes-.

La iniciativa también apunta a extender las restricciones para quienes pretendan convertirse en magistrados, de modo que los aspirantes no podrán estar ligados por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con un miembro de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa o el Gobierno de la República.

Un cambio más busca que el Congreso nombre 25 jueces suplentes entre las personas que presenten sus atestados en concurso público ante ese supremo poder.

En medio de la tormenta

El proyecto de ley es presentado cinco días después de que la Corte Plena determinara amonestar por escrito a quien ahora es su expresidente, Carlos Chinchilla Sandí; la presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias Madrigal; el magistrado titular Jesús Ramírez Quirós; y la suplente María Elena Gómez Cortés.

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A esos altos jueces se les abrió una causa disciplinaria el 6 de diciembre anterior a raíz de una queja interpuesta el 30 de octubre del 2017 por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), la cual denunció que los altos jueces desestimaron una causa por tráfico de influencias contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata a pesar de que prueba recabada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los vinculaba con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, mediante cientos de contactos telefónicos.

El informe de la Policía Judicial evidenció que entre Guevara y Bolaños existen 608 registros entre el 1 de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015; mientras que con Morales Zapata son 184 para el mismo periodo.

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Fuentes de AmeliaRueda.com indicaron que el miércoles anterior, mientras se discutían las sanciones, ocho magistrados votaron por que se les aplicara una sanción más fuerte a la escrita, pues consideraron que sus compañeros incurrieron en una falta gravísima; sin embargo, 14 magistrados concluyeron que se trató de una falta más leve, por lo que se debía decidir si solo ameritaba una amonestación o una suspensión.

Posteriormente, se hizo otra votación, pero solo 12 votaron por suspenderlos. Se requerían 15 votos para aplicar una suspensión.

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La desestimación finalmente ocurrió el 20 de febrero del 2017 por solicitud de la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, sobre quien cayó la responsabilidad de la decisión, derivándose en una suspensión por dos meses sin goce de salario.

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Sin embargo, luego de que inició el escándalo del cemento chino, la desestimación se vino abajo y la Fiscalía solicitó en octubre a la Sala Tercera reabrir el caso contra Guevara y Morales, petición que fue avalada por los altos jueces.

La denuncia contra los exdiputados, que se tramita bajo el expediente 15-000022-0033-PE, indica que antes de noviembre del 2014 se aliaron entre sí "para procurar la reforma al Reglamento Técnico de Cemento, y así variar los requisitos para su venta y con ello ampliar los parámetros, lo cual permitiría al coimputado empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, importar cemento desde China, obteniendo con esto un beneficio patrimonial".

El reglamento vigente para el 2014 establecía que el cemento importado no podía tener más de 45 días desde su empaque.

Un mes después de que se volvió a reabrir el caso contra los exdiputado, en noviembre de 2017, la fiscala Emilia Navas Aparicio allanó las oficinas de ambos excongresistas como parte de la investigación.

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El Ministerio Público también investiga a los altos jueces a raíz de la denuncia de ANIC.

Crédito de fotografía: Partido Unidad Social Cristiana.